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El país|Domingo, 18 de diciembre de 2005
LA HISTORIA POLITICA DE LA DECISION

Dicho y hecho

En dos años y medio de gobierno, Kirchner siguió un plan estratégico con distintas etapas y una meta definida. El valor simbólico de la cancelación de la deuda con el FMI gana para el país el derecho a seguir participando en una pugna de resultado siempre incierto, en la que por primera vez en muchos años no hay sólo retrocesos. Los diálogos de Puerto Ordaz, Iguazú y Madrid.

Por Horacio Verbitsky
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Si se atiende a la más locuaz oposición, la que a plena conciencia personifica Elisa Carrió, el anuncio del jueves obedeció a los celos del presidente Néstor Kirchner, tomado de sorpresa por la decisión de su colega brasileño Lula. Desde el gobierno, en cambio, se afirma que los dos presidentes acordaron la secuencia a seguir. Ello habría ocurrido hace tres semanas durante el encuentro a solas que mantuvieron en Iguazú, al celebrar las primeras dos décadas del Mercosur. Lula habría planteado allí que le resultaba imprescindible anunciar un cambio en su política hacia el FMI porque la de ajuste que viene aplicando su ministro de Economía Antonio Paloci ha comenzado a erosionar incluso su base de sustentación electoral. “Yo avanzo, pero vos tenés que darme cobertura. Brasil es la octava economía del mundo y no se declaró en moratoria como la Argentina. Tenés más credibilidad. Esta vez te toca empezar a vos”, le habría dicho Kirchner, quien desde 2003 reclama posiciones más decididas de Lula. El gobierno brasileño no confirmó cada detalle de la conversación, pero admitió que estaba al tanto de lo que preparaba la Argentina y lo mismo dijo la vicepresidenta del gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega.
Según Kirchner, la visita de Alberto Fernández y Felisa Miceli a Madrid tuvo el doble propósito de informar sobre los planes del gobierno argentino y desorientar a todos los observadores para actuar por sorpresa. Los artículos de la prensa argentina que atribuían el viaje a negociaciones sobre las tarifas de las empresas de capital español y sus críticas acerca de una agenda improvisada indican que esa operación de despiste fue exitosa. En su discurso leído, Kirchner no sólo mencionó a Lula. También tuvo palabras de agradecimiento para la República Bolivariana de Venezuela. Desde el encuentro con Hugo Chávez en Puerto Ordaz hasta el jueves, la fórmula se fue perfeccionando. Hasta una hora antes del anuncio, el presidente no terminó de definir los números. “Dentro de la heterodoxia, pero con la mayor prudencia”, fue la consigna que se autoimpuso. Necesitaba estar seguro de contar con un nivel de reservas que lo pusiera a resguardo de una corrida cambiaria. El presidente venezolano le hizo saber que podría contar con el respaldo de su país para cubrir la diferencia, cualquiera fuera. Con el correr de los días se conocerán más detalles, pero no parece razonable poner en duda que la idea del denominado “desendeudamiento” ha sido una constante en el gobierno de Kirchner.

Un plan estratégico

Las discusiones acerca de la necesidad y/o la conveniencia de la cancelación adelantada de la deuda con el Fondo Monetario Internacional son legítimas y podrían contribuir a mejorar el nivel del debate político, si a alguien le interesara tal cosa. Pero aun quienes cuestionen esa decisión, advertirán que Kirchner ha seguido un plan estratégico, que vincula componentes políticos, económicos, sociales, institucionales y morales de un modo al que el país no estaba acostumbrado. Sabe hacia dónde quiere ir y tiene una idea de las etapas de la travesía. Por cierto queda abierto a la constatación empírica si logrará llegar y qué encontrará en esa tierra prometida. Ello depende, aunque sea en parte, de la respuesta de distintos actores sociales. Por alguna razón que sería aventurado conjeturar, muchos de quienes deberían acompañarlo en el intento actúan en forma reactiva en defensa de espacios personales que sienten amenazados. Si resultó imprevisto que luego de la gran crisis de 1998-2002 la Argentina tuviera un presidente como Kirchner, los dos años y medio de su gobierno mostraron una creciente previsibilidad, que sólo ignoraron quienes no querían ver ni oír. Estos son los pasos principales que siguió, algunos más ostensibles que otros, pero todos dirigidos hacia un mismo objetivo:

1

Aun antes de asumir puso en negro sobre blanco el pliego de condiciones presentado por un personero del establishment político, económico y mediático que desde hace tres décadas ha predominado en el país: alineamiento incondicional con los Estados Unidos; cierre de los juicios por la guerra sucia y reivindicación del desempeño de las Fuerzas Armadas; acercamiento al sector patronal de la economía; condena a Cuba; medidas excepcionales de seguridad. Kirchner respondió que no estaba de acuerdo y el subdirector del diario La Nación, Claudio Escribano lamentó en un editorial militante la ingobernabilidad que haría que el nuevo gobierno durara apenas un año. Kirchner se ganó la inquina del diario (del que Escribano acaba de anunciar su inminente retiro), pero a cambio de una saludable transparencia de posiciones.

2

En la primera semana descabezó la cúpula castrense que bajo las vacancias presidenciales de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde había reconstruido el Partido Militar y se preparaba para vigilar el cumplimiento de aquel ultimátum.

3

Cuando recién tenía dos semanas en el gobierno viajó a Brasil. Junto con Lula anunciaron la decisión de desarrollar las instituciones políticas del Mercosur, coordinar las políticas macroeconómicas, tender hacia una moneda única, establecer una política común de defensa y seguridad y ampliar el bloque con la incorporación de Venezuela, para crear así un contrapeso a la mono-hiperpotencia emergente en la posguerra fría.

4

A la tercera semana comenzó la limpieza de la Corte Suprema de Justicia, en respuesta a la extorsión de Julio Nazareno, quien había amenazado con fallos perturbadores de la gobernabilidad, la voz de orden de la desestabilización. No se detuvo hasta culminar la tarea, allí donde había fracasado el intento anterior de Sergio Acevedo y Carrió.

5

Al tercer mes anunció su apoyo a la lucha de los organismos defensores de los derechos humanos en favor del juicio y castigo a los criminales cuyo ejercicio del terror estatal creó las condiciones para la destrucción de la autonomía nacional y el sometimiento de las clases populares (“la miseria planificada” que Walsh describió en su incomparable Carta Abierta).

6

Desde la primera revisión trimestral del programa vigente con el Fondo Monetario Internacional impregnó las negociaciones de una inusual dureza. Contra la opinión del ministro de Economía Roberto Lavagna incumplió un pago con el FMI y así lo forzó a acordar un mecanismo de devolución de las transferencias futuras que hiciera la Argentina, compatible con las escasas reservas que guardaba entonces el Banco Central. Desde entonces se lanzó a una obsesiva acumulación de divisas que remediaran esa extrema vulnerabilidad.

7

Pulseó durante dos años con los tenedores de títulos de la deuda pública en mora, hasta que en marzo de este año aceptaron una reducción superior a todo lo obtenido hasta ahora en una reestructuración semejante en el mundo.

8

Hace un año y medio decidió que en las primeras elecciones de renovación legislativa de su mandato enfrentaría a Eduardo Duhalde, desoyendo esta vez las recomendaciones de cautela de su jefe de gabinete Alberto Fernández (“Cristina 2005”, Página/12, 13 de junio de 2004). Obtuvo una victoria de asombrosa contundencia y modificó en forma abrupta las relaciones de fuerza. En cada acto de campaña dijo que necesitaba apoyo para profundizar las políticas iniciadas. Las designaciones de cuatro nuevos ministros y los actos de gobierno posteriores a los comicios confirmaron esa línea. En algún caso corrigió errores propios (Taiana por Bielsa), en otros prescindió de funcionarios heredados del duhaldismo y los reemplazó por otros de su plena confianza (Miceli por Lavagna, Garré por Pampuro).

9

En julio de 2004 comenzó a estudiar la desvinculación del FMI (“Jugar a Fondo”, Página/12, 8 de agosto de 2004) y hace ya un año decidió modificar la Carta Orgánica del Banco Central para disponer con ese fin de las divisas que estaba acumulando (“El rescate: la hipótesis de desvinculación del FMI”. Página/12, 5 de diciembre de 2004).

10

En un encuentro privado en Mar del Plata en noviembre anunció a George W. Bush que si el FMI no aceptaba refinanciar los vencimientos sin condiciones, estudiaría la desafiliación de la Argentina. Durante la Cumbre Presidencial conformó con el Mercosur y Venezuela un bloque subregional que rechazó la constitución del Area de Libre Comercio mientras subsistieran las asimetrías que impone una apertura unilateral incompatible con la declarada meta de crear empleo decente. Taiana reiteró estas posiciones en Hong Kong junto al Grupo de los Veinte. Los abusivos reclamos estadounidenses y europeos de apertura industrial y de servicios mientras mantienen la clausura de sus mercados para los productos agrícolas competitivos conducirá al fracaso de la Ronda Doha o, en la mejor hipótesis, a un documento anodino que fije la fecha para seguir disintiendo. Se sabrá esta tarde en China, es decir cuando este diario esté en manos del lector porteño. La prioridad por el Mercosur señalada en Mar del Plata por Kirchner, Lula y Chávez es cada día más evidente.

Los últimos pasos

Ya en agosto de 2004, cuando comenzó a estudiarse el pago con reservas, el Fondo reclamaba la apreciación del peso en relación con el dólar (de 3 a 2.40 pesos, como en Brasil con el real), el aumento de la tasa de interés, la recomposición de precios de los servicios públicos privatizados y la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias e hidrocarburíferas. Por entonces, el nivel de reservas era insuficiente, pero el gobierno se dedicó a acumular dólares, a razón de 500 millones por mes, sobre todo cuando fracasó la tentativa de una colocación de bonos argentinos a China. En diciembre de 2004, al designar a Martín Redrado, Kirchner le anunció que planeaba modificar la ley que regula el ejercicio de la autoridad monetaria. El mito de la autonomía del Central duró hasta el último día de la gestión de su predecesor y ahora también recibirá piadosa sepultura en los textos legales que fijan las reglas del juego. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA es imprescindible para lidiar con el FMI en condiciones menos desiguales y sólo la emancipación del organismo multilateral dejará de contraponer la defensa del valor de la moneda a las necesidades más elementales de la política económica. Esas ideas eran desarrolladas en detalle por un boletín de análisis económico que publicaba el Banco Nación, presidido entonces por Felisa Miceli. Es cierto que en junio de este año, el FMI hizo propia con júbilo la idea del recurso a las reservas, cosa que el gobierno tuvo el buen gusto de recordar cuando anunció el pago adelantado, y que antes que la Argentina siguieron ese camino México, Rusia y Brasil. Es obvio que al FMI le hubiera preocupado más una moratoria que el pago adelantado, pero a partir de ahora las presiones por los bonistas que no entraron en la reestructuración, los exportadores con retenciones, el sistema financiero, la cotización del peso y los precios que cobran las privatizadas por los servicios públicos deberán ejercerse por otras vías, sin el disfraz de neutralidad técnica que alguna vez vistió el Fondo.

Acerca de la necesidad

El aire de familia con la convertibilidad, ahora 3 a 1, que destacó La Nación, es un parecido sólo superficial. Mientras Menem-Cavallo-De la Rúa se ataron a una paridad mítica, cuya modificación no podría ocurrir antes del Día del Juicio Final, para Kirchner sólo tiene carácter instrumental. El respaldo es necesario para resistir embates especulativos, no para inmovilizar un precio que, por el contrario, se desea fluctuante, dentro de ciertos límites, pero con tendencia al alza. En la segunda de las notas de 2004 mencionadas se narraba la preocupación presidencial por mejorar aún más la competitividad del tipo de cambio, y al mismo tiempo introducir un elemento de incertidumbre en la cotización que impidiera la clase de negocios financieros que permitieron la convertibilidad y, antes, el enfoque monetario del balance de pagos y su tablita aplicada por Videla-Martínez de Hoz.
Una excelente pregunta, que ya se formuló respecto del relevo de Roberto Lavagna, se refiere a la necesidad de la decisión anunciada el jueves. En ambos casos la respuesta podría ser: “Depende para qué”. La noche del jueves, cuando aún perduraba la excitación del anuncio formulado una hora antes, Kirchner dijo: “Ahora sí, lo que tenemos que discutir es un proyecto de país”. Es probable que en esa materia la supervisión del FMI y las ideas de Lavagna hubieran apuntado en una dirección distinta a la que propone Kirchner. Los últimos meses de gestión de Roberto Lavagna y los primeros días de Felisa Miceli rebosan de indicios en ese sentido. El eje del debate incluye la inflación, la obra pública y la situación social, es decir cara y cruz de la puja distributiva. Kirchner y Lavagna pudieron pasar por alto sus diferencias mientras hubo suficiente capacidad ociosa instalada. El propio éxito de la gestión compartida hizo germinar la semilla de la divergencia. El cordial diálogo del jueves entre ambos termina por desbaratar la versión banal de la política y el periodismo acerca de un conflicto personal. El problema es político y, con perdón de la palabra, ideológico.

Tercera posición

Kirchner sostiene que ha encontrado una tercera posición entre las tradiciones argentinas respecto de los precios. La peronista aplicaba valores máximos; la liberal-a-la-violeta dejaba hacer sin intervenir de ninguna manera, por más oligopolización que hubiera en los mercados. En su lugar, el gobierno pretende aplicar el método francés de precios de referencia, confeccionados sobre la base de los costos y márgenes razonables de rentabilidad, para una lista de medio centenar de productos de primera necesidad. Las empresas que se apartan excesivamente del precio de referencia son invitadas a justificarlo, y si no lo hacen en forma satisfactoria, son multadas. Al FMI no le inquieta que eso ocurra en París, pero no lo aceptaría en Buenos Aires. Los datos más recientes de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec explican por qué este tipo de políticas son imprescindibles para que por medio de los aumentos de precios de productos básicos el espectacular crecimiento macroeconómico no vaya acompañado por un nuevo golpe de empobrecimiento contra quienes menos tienen y más han sufrido. En el primer semestre de este año, el 9,5 por ciento de los hogares o el 13,6 por ciento de las personas estaban en situación de indigencia. Son más de cinco millones de personas cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica de alimentos (385 pesos mensuales para una familia de cuatro miembros; 480 para una de cinco, con un adolescente de entre 15 y 18 años). Por cada punto de aumento en el precio de esa canasta básica, 45.000 personas se suman a la lista de indigentes. El cuadro compara la evolución hasta hoy del índice general de precios al consumidor (IPC) y de la canasta básica de alimentos (CBA), con cinco puntos de inicio distintos: desde la devaluación de diciembre de 2001, desde que Kirchner asumió el gobierno, desde hace un año, desde hace seis meses y desde hace tres meses. En cada caso se calcula también el promedio anual correspondiente para el IPC y la CBA. Desde la devaluación los consumos alimentarios populares aumentaron de precio un 50 por ciento más que el Indice General de Precios al Consumidor. En cambio desde que Kirchner llegó al gobierno el crecimiento de ambos fue casi igual. Pero en el último año la diferencia volvió a crecer en contra de los consumos populares y se aceleró en las mediciones del último semestre y del último trimestre. Desde septiembre hasta ahora el crecimiento de los alimentos básicos que definen la línea de indigencia casi duplicó el incremento general de precios. El aumento de la canasta básica del semestre julio-noviembre de este año equivale a un 18,6 por ciento anual y el de los últimos tres meses a un 24,4 por ciento anual. Para los más pobres, el cálculo de Alfredo Coto del 12 por ciento de inflación anual que indignó a Kir-chner parece una meta a lograr.
En el supuesto (presumiblemente irreal) de que no hubiera más personas que perciben ingresos en cada hogar al disminuir la desocupación, ni aumentos a los empleados, ni más horas trabajadas, al terminar 2006 habría 837.000 indigentes más (2,2 por ciento de la población total) si los precios de la canasta básica siguieran aumentando al ritmo del último semestre, y 1.098.000 indigentes más (2,8 por ciento de la población total), si el incremento de precios fuera el del último trimestre.

La canasta

Esto es así porque Lavagna desdeñó la importancia de la inflación, que atribuía al reacomodamiento aún pendiente de precios relativos propia de una salida de la crisis, a la oferta insuficiente de bienes, a los incrementos salariales y al recalentamiento por exceso de inversión pública en infraestructura. Estaba de acuerdo con impedir que se desatara un proceso automático de indexación, pero no le hubiera molestado que los precios se estabilizaran luego de un colchón de aumentos que recompusiera rentabilidades empresariales. A Kirchner, en cambio, le preocupaba el impacto de los precios sobre los niveles de vida de la población. Si bien en las últimas semanas de gestión Lavagna incorporó esa temática a su discurso, no pensaba con la obsesión suficiente medidas que la enfrentaran. Durante meses desatendió las recomendaciones de Kirchner para analizar las cadenas de valor de los principales productos e incidir sobre los eslabones donde la oligopolización produce desequilibrios. Con el propósito de generar lo que llamaba “un clima de inversión y de negocios”, Lavagna distribuyó subsidios fiscales por 1100 millones de pesos. El 96 por ciento fueron a manos de apenas diez proyectos, de grandes empresas exportadoras que de todos modos, hubieran realizado la inversión, que necesitaban para aprovechar las condiciones excepcionales del mercado mundial en este momento. La propuesta de ampliación de la capacidad productiva presentada por Aluar se llevó más de un 62 por ciento de los subsidios, pese a que sólo creará 200 puestos de trabajo, a razón de uno por cada tres millones y medio de pesos cedidos por el fisco. Aluar es el único productor nacional de aluminio, que tiene alta incidencia en el precio de los alimentos y otros productos que lo utilizan en sus envases. El informe de la Comisión de la Cámara de Diputados presidida por Eduardo Di Cola que en 2001 investigó la fuga de divisas previa al corralito muestra en lugares destacados a Aluar y a varios de sus accionistas de la familia Madanes Quintanilla, con casi 100 millones de dólares en total. Que una empresa que construyó su planta con subsidios estatales hace tres décadas, que se ha beneficiado con todos y cada uno de los regímenes especiales habidos desde entonces y que en los terribles años recientes ha tenido crecientes márgenes de rentabilidad sobre ventas (16,1% en 2001; 22,8% en 2004) pretenda cobrar en el depauperado mercado interno los mismos precios que por sus exportaciones, es una aberración que con apenas una reunión con Kirchner fue corregida. La ministra Miceli tenía preparada la resolución que suprimía los reembolsos e imponía retenciones a las ventas externas de Aluar si no había acuerdo voluntario. Algo similar ocurrió con las petroquímicas que aceptaron rebajar los precios de los envases plásticos que fabrican, para todo tipo de alimentos y artículos de limpieza. Entre ellas hay otros destacados integrantes en la lista de la Comisión de Fuga de Divisas, como Petroquímica Cuyo (con 88 millones de dólares), PBBPolisur (114,5 millones de dólares), Solvay Indupa (115 millones de dólares). Petroquímica Cuyo integra el Grupo Pérez Companc, otra de cuyas empresas, Pecom Energía, encabeza la lista de fugadores de divisas, con 1890 millones de dólares. En el mismo club exclusivo figuran otros interlocutores del presidente y su ministra en los últimos días: Procter&Gamble (120 millones de dólares fugados); Unilever (72 millones) y Coto SA (63,6 millones de dólares). Que el poder político ganado en la competencia democrática y la idoneidad de quienes estudian estos procesos permitan poner algún coto al abuso habitual es una bienvenida novedad. El valor simbólico del replanteo de la relación con el Fondo gana para el país el derecho a seguir participando, en una pugna de resultado siempre incierto en la que por primera vez en muchos años no hay sólo retrocesos.

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