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El descargo que Aníbal Ibarra hizo en el cierre del juicio político que se le sigue por la tragedia de República Cromañón duró tanto como lo que tuvo que esperar en silencio mientras desalojaban del recinto de la Legislatura a los familiares de las víctimas, quienes al promediar su discurso lo interrumpieron al grito de “asesino” y “te vamos a matar”. Hasta ahí el jefe de Gobierno porteño ya había insistido en comparar una vez más su eventual destitución con “un golpe institucional” y que el incendio del boliche de Once ocurrió “a pesar de lo que se hizo” en materia de control, pero lo que desató el escándalo fue su queja de que en el marco del proceso en su contra “se amenazó de muerte a mis dos hijos menores ante el silencio” de la oposición. El futuro de Ibarra está ahora en manos de la Sala Juzgadora, que dentro de diez días resolverá si lo destituye o lo absuelve. Los quince legisladores que la integran también escucharon ayer los alegatos de su defensa y de la acusación, que pidió su remoción y su inhabilitación para ocupar cargos públicos por diez años.
Los alegatos de los tres legisladores que ofician de fiscales en el juicio político y de los defensores estaban predestinados a pasar a segundo plano apenas Ibarra empezara su descargo. Mucho más relegados aún quedaron a partir del modo en que los familiares de las víctimas de Cromañón reaccionaron frente al discurso del destituido jefe de Gobierno.
Cuando Ibarra entró al recinto a eso de las seis y media de la tarde y se sentó entre sus abogados se hizo un profundo silencio, pero al rato de hablar desde los palcos periféricos asignados a los familiares de las víctimas surgieron ya algunos gritos de reprobación. Fue la primera señal de que la tranquilidad con que hasta ahí se venía desarrollando la última audiencia de su juicio político no duraría demasiado.
Ibarra arrancó su descargo con una reivindicación de Julio César Strassera, el más destacado de sus tres defensores, a quien los fiscales Jorge Enríquez y Rubén Devoto habían acusado minutos antes de haber sido fiscal de la dictadura militar. “No sé qué hicieron en otras épocas y tampoco me interesa; si sé qué Strassera nos representó a todos en el juicio más importante de la Argentina. El doctor Strassera ya entró en nuestra historia y a Enríquez y Devoto todavía les falta bastante”, replicó.
Strassera fue el principal protagonista del alegato de la defensa y citó una a una las irregularidades que fue denunciando al cabo del juicio. Le puso el condimento político a su presentación al advertir, entre otras cosas, que la derecha tenía el objetivo de “erigirse sobre la voluntad popular” y dar “el primer golpe institucional de este siglo”. “Acuso a quienes urdieron esta maniobra”, remató en el mismo tono de sus años de fiscal. Julio Golodny y Fernando Castejón, los otros dos defensores de Ibarra, se ocuparon de refutar los aspectos más técnicos de la acusación.
A los familiares no pareció molestarles la defensa del ex fiscal del Juicio a las Juntas, como tampoco que dijese que durante el proceso “no hubo un solo testimonio que justifique acercarse al derrocamiento de un jefe de Gobierno”, ni que “hiciera referencia a un solo hecho de corrupción”. También escucharon en silencio su afirmación en el sentido de que el juicio político “no sintoniza con la Justicia ni con la sociedad; sólo sintoniza con la conveniencia de un sector político y eso, mal que les pese a los fiscales, es un golpe institucional”.
Ibarra no habló en particular de la derecha ni de la izquierda. Remarcó que “un juicio político no es para que una mayoría analice si se gobierna bien o mal”, además de recordarles a los legisladores de la oposición que “eso lo discutí ante dos millones de personas con quienes son sus referentes y esa discusión la gané”.
Los familiares reaccionaron cuando Ibarra trazó un paralelo entre la metodología del macartismo que muestra la película Buenos días, buenas noches y la actitud de la oposición porteña. En ese contexto recordó que en la comisión investigadora de Cromañón no hubo cabida para quienes no fueran opositores, que “se convocaron testigos falsos” y que sus hijos fueron amenazados de muerte. Fue lo último que dijo por largo rato.
El juez Julio Maier ya había advertido para entonces que “la próxima” ordenaría desalojar el recinto si no se mantenía el orden, pero trató de hacer un último intento por evitar la implementación de esa medida. “Si no les gusta lo que escuchan es cuestión de irse del otro lado”, fue su exhortación a los familiares.
“Me voy porque no me gusta”, respondió uno de ellos y ya nadie pudo frenar el escándalo. “Asesino”, gritaban unos, mientras otros amenazaban “te vamos a matar, vamos a matar a tus hijos” y algunos hacían el gesto de pasarse la mano por el cuello, característico del degüello. Muchas madres, simplemente, se desgañitaban en un grito de lamento desgarrador.
La policía entró de inmediato al recinto. El desalojo demoró unos veinte minutos y la situación fue tensa para todos los involucrados en el juicio. Ibarra –rodeado por su gabinete– se mantuvo en su banca. Con su embarazo de más de siete meses a cuestas, Florencia Polimeni no soportó el trance: tuvo una baja de presión que obligó a atenderla en la misma Legislatura y a trasladarla después en ambulancia hasta una clínica. Al llegar ya estaba casi repuesta, pero le realizaron una ecografía.
Cuando pudo reanudar su descargo, Ibarra lamentó “profundamente lo ocurrido” y pidió “disculpas a los familiares porque seguramente no supe transmitirles el dolor, la impotencia y la bronca que sentí desde el primer día”. “Perder un hijo –agregó– es lo peor que nos puede pasar. Son situaciones límite en las que uno no sabe cómo puede reaccionar.”
Dicho eso, retomó el hilo político de su discurso: sostuvo que la oposición “en lugar de acompañar el dolor, lo exacerbó” y señaló que “esto es fruto de lo que se impulsó morbosamente todo este año”. Ya en el cierre Ibarra llamó a “recuperar el tiempo perdido” y a “despolitizar la tragedia”. Además, puntualizó que “nadie nos va a devolver a los que perdieron la vida, pero todavía podemos hacer muchas cosas” y afirmó que “el mejor homenaje es cuidar a nuestros jóvenes, acompañar el dolor de los familiares y comprometernos con la verdad y la justicia”.
Los incidentes provocaron incertidumbre y preocupación. Una pregunta central anoche mismo era si el día del veredicto se les permitirá estar en la Legislatura. Lo definirá la misma Sala Juzgadora, que mañana se reunirá además para establecer el procedimiento para dictar su sentencia el 10 de marzo. La inquietud radica en la incidencia que las amenazas pueden tener en el voto de los legisladores. La reaparición de Gerardo Romagnoli después de haber anunciado su renuncia al juicio político fue para algunos un llamado de atención al respecto.
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