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La ministra de Defensa, Nilda Garré, había anticipado posibles castigos para los militares que participaron del acto en el que se reivindicó el terrorismo de Estado y el Ejército obró en consecuencia: sancionó con arresto –de hasta cuarenta días– a seis oficiales de esa fuerza en actividad que estuvieron en el “homenaje a los muertos por la subversión” que se realizó en Plaza San Martín. “El reglamento es claro e impide la participación de miembros de la fuerza, en actividad o retirados, en actos políticos”, explicaron en el Ejército, que también evalúa la posibilidad de sancionar a varios retirados.
Las mayores sanciones se las llevaron tres capitanes que fueron a la concentración del miércoles pasado frente al cenotafio de Malvinas en apoyo a los militares juzgados por violaciones a los derechos humanos, a quienes el general retirado Miguel Giuliano definió allí como “los camaradas que están siendo perseguidos políticamente”. Se trata de Juan Manuel Lucioni, Santiago Marcelo Listorti y Gabriel José Oesquer, a quienes el jefe del Ejército, Roberto Bendini, les impuso un arresto de cuarenta días que ya cumplen en unidades del interior del país.
También fueron castigados con arresto de 31 días el teniente primero Juan Andrés Ferrero y el teniente Andrés Ramiro Gaspar. El mayor Carlos Fabián Magnani recibió veinte días de arresto no por haber participado, sino por ser el jefe de la Compañía de Comando 601 de Campo de Mayo, a la que pertenecen todos los que fueron a Plaza San Martín.
Las actuaciones contra todos esos militares siguen su curso y podrían llegar a recibir otras sanciones. En el Ejército señalaron que las aplicadas “son preventivas”.
Los retirados también deberán dar cuenta de su actitud. Giuliano prestó declaración ayer mismo ante las autoridades del Ejército. Para la semana próxima fueron citados los coroneles Rodolfo Jorge Solís, José Gaspar Chas, Guillermo César Viola, Elio Salvador Nemi y Miguel Angel Sciurano y el teniente coronel Emilio Guillermo Nani. El Ejército promovió, además, denuncia penal contra el capitán retirado Walter Jorge Grosse, el supuesto agresor del periodista Marcelo López, quien fue duramente golpeado durante el acto en el que se paseó la mediática Cecilia Pando, la esposa del mayor Rafael Mercado, quien fue pasado a retiro por no haberse diferenciado de las declaraciones pro terrorismo de Estado de ella.
Desde Defensa salieron a remarcar que las posiciones que sustentan los sancionados no tienen hoy en día mayor eco entre el resto de sus camaradas. “Conforman una fracción minoritaria. Los criterios democráticos son abrumadores en las filas de las Fuerzas Armadas”, afirmaron desde el entorno de Garré.
Las sanciones a los militares que participaron de la reivindicación pública del terrorismo de Estado caían de maduro desde el momento en que la misma Garré adelantó que se avanzaría en ese sentido. A partir de sus declaraciones, en el Ministerio de Defensa explicaron que los eventuales castigos serían definidos e impuestos por cada una de las Fuerzas Armadas.
El Ejército fue el primero en actuar. Allí no sólo fue insultado el presidente Néstor Kirchner, sino también Bendini.
“Todos conocemos el reglamento y sabemos a qué nos exponemos si lo violamos”, subrayaban anoche en el Ejército y precisaban que “es claro e impide la participación de miembros de la fuerza, en actividad o retirados, en actos políticos”. Un portavoz de esa fuerza explicó que el Reglamento de Servicio Interno impide asistir uniformados “a toda actividad pública, así sea una reunión de un club de barrio, salvo que sea en representación institucional de la fuerza. Tanto más en este caso”.
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