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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó por unanimidad la Ley de Educación Sexual Integral, que incluye “la prevención de las enfermedades de transmisión sexual”, “la paternidad/maternidad responsable” y “el respeto a la diversidad de valores en sexualidad”. La educación sexual será impartida en todos los niveles obligatorios de la escolaridad, en establecimientos públicos y privados. La ley deja la fijación de los contenidos mínimos a cargo del Ministerio de Educación de la ciudad y éste fue uno de los puntos claves que permitieron hallar consenso entre dos proyectos: el de la diputada Ana María Suppa y otros legisladores –para el cual la ley debía fijar ejes de contenido que no pudieran ser alterados por sucesivos ministros– y el del diputado Santiago de Estrada, para el cual los contenidos no debía fijarlos el Estado sino “la escuela y la familia”. Otro acuerdo logrado consiste en que “los establecimientos educativos desarrollan los contenidos mínimos obligatorios en el marco de los valores de su ideario”; se diferencia en esto de la ley nacional recientemente aprobada, en la cual se admite que los colegios adapten los contenidos mínimos a su ideario. Esta fue una de las razones para la discrepancia en particular de un grupo de legisladores encabezados por Jorge Enríquez, quienes, además, pedían que la educación sexual se impartiera sólo desde séptimo grado.
La ley, sancionada con el voto afirmativo de los 46 legisladores presentes, “establece la enseñanza de Educación Sexual Integral en todos los niveles obligatorios (incluyendo, por lo tanto, el preescolar), en todas las modalidades del sistema educativo público de gestión estatal y de gestión privada y en todas las carreras de formación docente” de la ciudad, y precisa que “el Ministerio de Educación elaborará los contenidos curriculares obligatorios mínimos, graduales y transversales” (es decir, atravesando distintas materias). La normativa se basa en “principios”, según los cuales “la sexualidad abarca la vida de relación, la cultura y la espiritualidad, y se manifiesta de manera diferente en las distintas personas y etapas de la vida”; también sustenta “la comunicación y el amor como componentes centrales de la sexualidad”, “el respeto a la diversidad de valores en sexualidad”, “el rechazo a toda práctica sexual coercitiva o explotadora y a todas las formas de abuso y violencia sexual”, así como “el reconocimiento de la perspectiva de género”.
Los objetivos incluyen “brindar información científica precisa y actualizada” y “fomentar la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad, promoviendo la paternidad/maternidad responsable y la prevención de las enfermedades de trasmisión sexual”. El Ministerio de Educación porteño deberá garantizar “talleres de formación y reflexión para padres”, “la formación y actualización de los docentes” y “encuentros periódicos de diálogo” que incluyan a “comunidades religiosas, sindicales y sociales”. Y “los establecimientos educativos desarrollan los contenidos mínimos obligatorios en el marco de los valores de su ideario con la participación de las familias y la comunidad educativa”.
La ley procura sintetizar dos proyectos diferentes. El primero de ellos había sido presentado en 2004 por la diputada Ana María Suppa, del Frente para la Victoria, con la adhesión de Diego Kravetz, del mismo partido, y de Florencia Polimeni, del Bloque Guardapolvos Blancos. Laura Castañeda, quien asesoró a la diputada Suppa en su proyecto original, recordó que “la presentación explicitaba ejes temáticos que incluían cuestiones como el VIH/sida y la masturbación: la idea era que la ley garantizara la inclusión de determinados temas, más allá de la voluntad del Ejecutivo comunal de turno”.
En cuanto al proyecto que se aprobó en definitiva, la diputada Suppa destacó que “los contenidos mínimos ya están siendo elaborados en el Ministerio de Educación, y cada comunidad educativa deberá aplicarlos. Por ejemplo, tratándose de contracepción, una escuela confesional podrá, de acuerdo con su ideario, destacar los llamados métodos naturales, pero no podrá retirar de su enseñanza los distintos métodos anticonceptivos”, en la medida en que el Ministerio de Educación porteño los incluya.
En oposición a este proyecto, el diputado Santiago de Estrada, de Juntos por Buenos Aires, había presentado uno propio: “En nuestra propuesta –recordó ayer Estrada–, los contenidos no debían ser impuestos por el Estado, sino surgir de la escuela y de la familia”. El consenso que se alcanzó en definitiva “admite que el Ministerio de Educación fije contenidos mínimos y que las escuelas los desarrollen con participación de las familias”, destacó este legislador. Según de Estrada –considerado próximo a las posiciones de la Iglesia Católica–, “el proceso que llevó al acuerdo incluyó reuniones no sólo con representantes católicos, sino evangélicos, islámicos y judíos, en las que se logró mucho consenso. Claro que siempre hay algún grupo extremo, de un lado u otro”.
Marcos Peña, del PRO, presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, exaltó “el espíritu de consenso que permitió el acuerdo”, para lo cual consideró “decisivo” el hecho de que “los contenidos mínimos no formen parte de la ley, sino que queden a cargo del Ministerio de Educación porteño”. Para este legislador, en el ámbito de esa cartera “los contenidos serán menos politizados, elaborados por técnicos”.
El diputado Jorge Enríquez, de Unidad Republicana, votó en general a favor de la ley pero en particular votó en rechazo de varios artículos. Sostuvo que “los contenidos mínimos no deben ser ‘desarrollados’, sino ‘adaptados’ por cada comunidad educativa, tal como lo plantea la ley nacional de educación sexual recientemente sancionada”. Además, la ley aprobada “no destaca suficientemente la participación de los padres”. Para este legislador, “la educación sexual debería impartirse desde séptimo grado”, y “no acuerdo con introducir la llamada perspectiva de género, que reivindica la ‘elección’, en lugar de afirmar la identidad del niño como varón y de la niña como mujer”. Adhirieron a Enríquez los diputados Carlos Araujo Marcelo Meis, Jorge Sammartino y Marta Varela. de Recrear.
En cambio, para Verónica Gómez, del Bloque Socialista, “hubiera sido preferible que la ley avanzara más en la sexualidad, no sólo en relación con la reproducción sino con el placer y con la conformación de una identidad personal”. Noemí Oliveto, de Autodeterminación y Libertad, sostuvo que “la ley debería abarcar también la educación no formal, para incluir a los niños y adolescentes no escolarizados, que están en las situaciones más precarias”. El diputado Enrique Olivera, del ARI, prefirió destacar que “el consenso alcanzado constituye una de las experiencias más exitosas de diálogo interpartidario en esta legislatura”.
Voceros de dos religiones se manifestaron ayer con relación a la flamante ley. José del Corral, de la Vicaría de Educación del Arzobispado porteño, ejemplificó: “Si se habla de profiláctico en todas las escuelas, también se debe hablar de virginidad y castidad”, y acordó en que “el Estado debe garantizar una información básica para todos y que se respeten las creencias y los valores de las familias y las escuelas”. Batia de Nemirovsky, directora del Consejo Central de Educación Judía, destacó que “la educación sexual debe impartirse desde que comienza la escolaridad”, y freudianamente afirmó que “la vida sexual comienza desde el momento en que nacemos, aun cuando no queramos admitirlo”.
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