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Para la jueza federal Sandra Arroyo corre tiempo de descuento. En lo que queda de la semana debe definir la suerte de cinco prefectos a los que les imputa distintas irregularidades. Casi todas ellas relacionadas con las condiciones de detención del represor de la ESMA Héctor Febres. También tendrá que decidir si la muerte del ex prefecto fue un suicidio, ya sea instigado o no, o si en cambio se trató de un homicidio. En los pasillos de los Tribunales se comenta que la magistrada suma más indicios en favor de que el caso fue un homicidio. Por lo pronto, hoy continuará con una nueva tanda de indagatorias. Le tocará hacerlo a dos de los cinco prefectos cuestionados. Los otros tres atestiguaron antes de las fiestas navideñas.
Con la sospecha sobre estos cinco efectivos, suman siete los hombres de la Prefectura que están en la lupa de la jueza Arroyo. Rubén Iglesias, ex jefe de la Zona Delta de la Prefectura, y Angel Volpi, a la sazón custodio, encargado y asistente de Febres, se encuentran detenidos y acusados de homicidio. Volpi era, aparte del propio Febres, una de las personas que tenía llave del dormitorio en el que se alojaba. La familia de Febres pone sus sospechas precisamente en Volpi. Sonia, la hija del ex represor de la ESMA, directamente acusa a Volpi de la muerte de su padre.
Las dudas de la Justicia se basan en la suma de irregularidades que rodeaban la detención de Febres. Entre otras, se menciona: el manejo del libro de guardia, sobre el que pesa la sospecha de que fue adulterado; testimonios que aseguran que la esposa del detenido se quedaba a dormir todos los sábados por la noche, sin que su presencia fuera consignada en los registros de visitas. También se investiga la presencia de parejas de amigos del represor que concurrían a jugar a las cartas con él sin que fueran anotados en los libros oficiales. Resulta llamativo para la investigación el ingreso sin ningún tipo de control de alimentos para el represor. Estas y otras rarezas son las que llevaron a la magistrada a imputar a cinco prefectos de la fuerza. La suma de privilegios con los que contaba Febres convierte al lugar del hecho, la habitación –o camarote, como la denominaban los hombres de la Prefectura–, en un laberinto donde llama la atención la gran cantidad de personas que desfilaba por él.
Basados precisamente en las condiciones en las que se encontraba detenido Febres, distintas organizaciones de derechos humanos anunciaron que denunciarán a varios magistrados ante el Consejo de la Magistratura. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas, y abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentarán un escrito en el que afirman que los beneficios que el juez federal Sergio Torres y los miembros del Tribunal Oral Federal Número 5 le concedieron a Febres concluyeron en el homicidio del represor de la ESMA.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos subrayan que “los jueces no pueden dejar de responder” por la muerte de Febres. Además de insistir con el pedido de que los represores deben estar alojados en cárceles comunes, los organismos acusarán a los jueces de “haber desobedecido la orden que en su momento dio la Cámara Federal de Apelaciones respecto de que los detenidos debían ser custodiados por personal del Servicio Penitenciario Federal”.
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