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En una de sus primeras medidas como jueza en la causa que investiga la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, la magistrada Clara Curtino aceptó al Ministerio de Defensa como querellante. En el escrito presentado ayer, el ministerio afirmó que el hecho “habría tenido como finalidad ocultar un faltante de proyectiles, municiones, explosivos y piezas de artillería”, tal como se desprende de la causa en la que se investigó la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
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