El sistema democrático le debe hace más de 20 años a la sociedad una Ley de Radiodifusión que equilibre la balanza entre los grandes medios y los pequeños. La ley actual (22.285) fue dictada en 1980 por la dictadura y favorece claramente la concentración, las corporaciones y el monopolio. Hace un tiempo la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del artículo 45, que impedía a las organizaciones sin fines de lucro acceder a la propiedad de los medios de comunicación y generó perspectivas auspiciosas, pero que tardan en pasar al plano de la realidad. La movida inconclusa obedece a una causa iniciada por la Asociación Mutual Carlos Mugica, que opera en la radio comunitaria “la Ranchada” (103.7), de Córdoba. “Esta situación de semilegalidad ha facilitado el crecimiento desmedido de las grandes empresas multimedia”, dice Luis Nocenti, de Incupo. La legislación actual es además incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Tratado de Torremolinos –que afirma que el espectro radioeléctrico es patrimonio común de la humanidad– y el Pacto de San José de Costa Rica. “Estoy preocupado por la alta concentración de medios y la inacción de la clase política que en 30 años se animaron a vender todo y no tuvieron los huevos necesarios para sacar una verdadera ley de radiodifusión”, enfatiza De Luca.
Pese a la derogación del artículo 45, la ley sigue vigente y amerita la crítica de quienes eligieron la comunicación alternativa. “Es inconstitucional, inaplicable y fue modificada por decreto para facilitar la concentración en la propiedad de los medios. Nosotros la objetamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, remata Busso.
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