Sociedad|Sábado, 26 de octubre de 2002

Por Alejandra Dandan

Al menos desde el 18 de diciembre del año 2000 el Consejo Nacional de Niñez, Infancia y Familia tenía indicios del régimen establecido por el padre Julio Grassi en Hurlingham. Esa fue la denuncia que ayer hizo de forma pública Norberto Liwsky, ahora a cargo del organismo. Después de una investigación interna, Liwsky encontró tres oficios judiciales enviados al Consejo en diciembre de 2000 y enero de 2001. En esos oficios los juzgados remitían el contenido de tres denuncias anónimas contra la Fundación Felices los Niños. Mencionaban irregularidades, desatención en el área de salud y permitían “inducir”, aclaró el funcionario, la existencia de malos tratos y conductas abusivas de la institución. Estas denuncias no fueron investigadas. No lo hicieron quienes por entonces estaban al frente del Consejo Nacional, no lo hizo la Justicia de Morón y no lo hizo como debía hacerlo el Consejo de Menores de la provincia –por entonces dirigido por Irma Lima–, el sitio que en esta suerte de trampa kafkiana tenía mayor grado de responsabilidad en el asunto Grassi: “Tal vez estuve mal –dice Lima– pero un lugar con tanto prestigio se controla con menos asiduidad”.
El titular del Consejo Nacional comenzó a rastrear esos expedientes a partir de un llamado que llegó a su despacho el jueves temprano, después de la emisión de “Telenoche Investiga”. El llamado lo hizo la jueza de Menores de San Isidro Mirta Angélica Ravella Godoy, que entonces estaba en Morón como secretaria del juez Ricardo Oyama. A través de esa comunicación, Liwsky supo de la existencia de tres denuncias, viejas y pesadas contra la fundación de Grassi. Cuando quiso averiguar los detalles, no pudo hacerlo: “No hablo de que se cajonearon por decoro, pero no estaban donde tenían que estar”, explicó. Poco después, mientras abría un sumario interno, aparecieron los tres expedientes que buscaba.
El primero de ellos llegó al Consejo el 15 de diciembre de 2000 desde el Juzgado de Menores 1 de Morón. El segundo lo envió el Juzgado 3 el 18 de diciembre y el tercero, también del Juzgado 3, llegó el 8 de enero. Todos entraron al Consejo en menos de veinte días y lo hicieron directamente a la Secretaría Privada. Los oficios están firmados por María Orseñigo quien entonces era directora del organismo. Incluían denuncias anónimas de quienes se presentaban como “empleados de la fundación”. “Por cuestiones de reserva –explica el funcionario– no puedo dar el contenido de las cartas pero mencionaban irregularidades serias, de desprotección a los chicos, falta en el criterio de atención a la salud y cuestiones administrativas.”
–¿Mencionaban puntualmente malos tratos o abusos? –le preguntó este diario.
–No lo manifiestan expresamente. Se puede inducir la presencia de malos tratos. Pero a ver si nos entendemos: esos anónimos expresan la presencia de violencia institucional que por las características de la población afectada obligaría a una investigación.
–¿Para usted hubo una voluntad de ocultar las pruebas?
–No estoy imputando a nadie, pero sí digo que abrí una investigación para que se expliquen las razones: y si se actuó por omisión quiero saber los motivos fehacientes.
La hipótesis de Liwsky es que con esos expedientes no pasó nada. Y nadie les dio curso, no por mala voluntad sino por criterios que tienen que ver con el modo de manejar la institución.
Orseñigo explica su posición: “Yo creo en el principio de país federal –dice– y por eso remití la única carta que me acuerdo haber visto, directamente al Consejo del Menor de la Provincia”, dice.
De los tres oficios en danza, Orseñigo sólo tiene presente uno: “Se daba a entender entre otros detalles algo sobre el acoso sexual a los chicos”, dice. La ex funcionaria sostiene que recibió una misma denuncia a través de dos vías: una por vía judicial, la otra a través de una carta anónima que llegó a su despacho. En términos cronológicos, dice, la carta llegó primero que el expediente. “Cuando la recibí se la mandé a Irma Lima, porentonces responsable del Consejo de la provincia”. Cuando llegó el oficio con el mismo contenido que la carta, simplemente informó al juzgado que se había notificado. Y lo firmó. Para Orseñigo estaba claro que era Lima la responsable del asunto Grassi. La Nación no tenía ningún convenio ni contrato con la fundación, pero la provincia sí.
Irma Lima por entonces era la titular del Consejo provincial de Menores. Entre otros convenios, tenía uno “muy importante”, dice, con el padre Grassi. La provincia le pagaba al cura 228 pesos mensuales por chico. Lima había sido jueza y sabía cuáles eran los riesgos de las instituciones con las características de megahogares como el de Grassi. Por reglamento estaba obligada a supervisar periódicamente –quincenal o mensualmente– los hogares de la fundación. No lo hacía. Sólo lo hizo en Hurlingham en dos ocasiones en enero del 2001 cuando recibió un anónimo de un juzgado amigo: “En estos lugares con tanto prestigio controlás con menos asiduidad. A lo mejor estuve mal, hecho que yo admito, pero tenía poca gente para controlar toda la Provincia”.
–¿Aquel anónimo mencionaba malos tratos?
–Peor todavía, creo que hasta hablaban de un hijo de Grassi con una menor.
La investigación quedó en la nada. “¿Cómo hacés para detectar esas cosas? –dice–. No saltan con una o dos veces que estás ahí. Y en ese momento no vimos nada.”
Tampoco ahora está convencida: Lima, ex jueza, dudó públicamente de la veracidad del informe de “Telenoche” y pareció insinuar que se inventó el principal testimonio: “Yo lo observé y realmente el suyo no es el lenguaje de un chico marginal”, sostuvo. Después volvió sobre la calidad moral de Grassi: “A mí no me cierra esta historia –dijo–, me parece imposible esto de que se lo acusa”. La Justicia, por ahora, no parece coincidir con su opinión.

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