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Para realizarse una ligadura de trompas de Falopio, las mujeres deben sortear obstáculos arbitrarios e ilegales en hospitales públicos de distintas provincias. En Tucumán, por ejemplo, les exigen que tengan un mínimo de siete hijos o más incluso, o al menos tres cesáreas. Una situación similar se observa en algunos hospitales en Santiago del Estero, donde además sólo admiten realizar la intervención de anticoncepción quirúrgica después de un parto. Este es uno de los “grandes problemas” que persisten en el país en materia de derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo con un nuevo informe del Conders, un consorcio de organizaciones de la sociedad civil que monitorea el cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. El relevamiento advierte también sobre la existencia de trabas en el acceso al aborto no punible en distintas jurisdicciones y en la entrega de la anticoncepción hormonal de emergencia, más conocida como “píldora del día después”, puntualmente en centros de salud de Salta, Mendoza y San Luis, donde se considera erróneamente abortiva.
El monitoreo del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) fue presentado ayer en el auditorio del anexo del Senado, por integrantes de su comité: Mabel Bianco, de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Susana Checa, del Foro por los Derechos Reproductivos; Cristina Zurutuza, de Cladem-Argentina, y Diana Cabral, de la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes.
El informe, que se realiza sobre la base del monitoreo de servicios de salud de distintas provincias, tomando en cuenta la voz de las usuarias, revela avances y al mismo tiempo la persistencia de obstáculos en la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en todo el país. Bianco destacó que el Programa “ha mejorado mucho”, pero advirtió que todavía “nos preocupa” su funcionamiento desigual en las distintas jurisdicciones. Uno de los avances, que se señala, es la mejora en la distribución y entrega de los métodos anticonceptivos que llegan a los centros de salud a través del Plan Remediar. Ya casi no se registran faltantes de métodos, se observó. No obstante, “continúan las trabas para el acceso” a la llamada “píldora del día después”. “No siempre está disponible las 24 horas los 365 días del año en un radio cercano al domicilio de las usuarias”, advierte el relevamiento. “Encontramos mucho desconocimiento en algunos médicos: todavía consideran erróneamente que produce efectos abortivos o no la consideran ‘eficiente’ y por ese motivo no la ofrecen ni entregan”, señaló Bianco.
Pero las mayores resistencias en los hospitales se observan a la hora de facilitar el acceso a la anticoncepción quirúrgica, dijo la directora de la FEIM. “Este es el gran problema. Se siguen poniendo trabas y permanecen requisitos extralegales” en algunas provincias monitoreadas, como exigir una cantidad de hijos, edad, estudios complementarios como un examen psicológico no previsto en la ley o la autorización del esposo o pareja, entre otros. “Las situaciones más graves se han detectado en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos, donde provocó una muerte materna en marzo de 2010. También en Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero”, señala el informe. “La ligadura no se toma como un derecho de la mujer. Los médicos todavía piensan que le están haciendo un favor”, comentó Carolina Comaleras, obstétrica, referente del Conders en Paraná. “La vasectomía es la gran olvidada”, indicó Bianco. Prácticamente en ninguna de las provincias o municipios analizados está garantizada ni difundida su oferta y aparecen fuertes resistencias de profesionales y usuarios, dice el relevamiento. El monitoreo es acotado: abarcó once provincias y cuatro municipios del territorio bonaerense. De todas formas, Paula Ferro, titular del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que participó en un panel en la presentación del monitoreo, acordó con el diagnóstico de las ONG. La heterogeneidad y fragmentación del sistema de salud en el país conspira contra la garantía del acceso a los derechos sexuales y reproductivos de forma igualitaria en todas las provincias.
El monitoreo también señala como “preocupación” que hay servicios públicos de salud que en algunas jurisdicciones “niegan atención a las y los adolescentes que asisten sin el acompañamiento de una persona adulta, pese a que la ley no contempla ese requisito”; en otros no les entregan anticonceptivos.
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