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Con durísimos cuestionamientos al tribunal que condenó a Belén, el ministro fiscal de Tucumán, Edmundo Jiménez, pidió ayer a la Corte de la provincia que libere a la joven detenida desde marzo de 2014, cuando, luego de sufrir un aborto espontáneo, la acusaron arbitrariamente de haber asesinado a su supuesto hijo recién nacido. En abril, los jueces de la Cámara Penal III, Dante Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Adolfo Fradejas, la condenaron sin pruebas a 8 años de cárcel por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. Además, le prorrogaron la prisión preventiva, aunque la sentencia no está firme, y a los pocos días, rechazaron el cese de esa condición, pedido por su defensa. El pronunciamiento del ministro fiscal se conoce a dos días de las marchas convocadas en todo el país para reclamar la libertad de Belén. En la ciudad de Buenos Aires, la movilización partirá a las 17 del Obelisco hacia la Plaza de Mayo, y durante el recorrido pasará por la Casa de la provincia de Tucumán.
Jiménez elevó su dictamen al máximo tribunal de Tucumán, que debe resolver si libera a Belén y si anula la sentencia en su contra, luego del recurso extraordinario presentado por la abogada de la joven, Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). En su escrito, el ministro fiscal criticó ampliamente la decisión de la Cámara Penal III de extender la prisión preventiva de Belén, por falta de fundamentos. De acuerdo con Jiménez, los jueces no dan razones suficientes para prorrogarla. Belén está presa hace más de dos años y cuatro meses: del Hospital Avellaneda, al que fue para recibir atención médica por dolores abdominales y donde luego sufrió un aborto espontáneo, salió detenida, directo al penal de mujeres de Tucumán, donde permanece desde entonces. Jiménez afirmó que no está probado que la sentencia condenatoria incremente el riesgo de que Belén pretenda eludir la Justicia, como sostuvieron los jueces de la Cámara Penal III. También descalifica el argumento de que haya sido dictada por el juez que llevó la instrucción de la causa. Y, en tercer lugar, destaca que la prórroga de la prisión preventiva ni siquiera fue solicitada por la parte acusatoria. “El tribunal a quo incurre en un notorio déficit motivacional al justificar el mantenimiento de la prisión preventiva (de Belén) bajo el argumento de que no fue dispuesta esta medida por dicho tribunal (sino que fue ordenada anteriormente por el Juzgado de Instrucción) y sostiene su prolongación en el tiempo en el dictado de una sentencia condenatoria –no firme–, lo cual no resulta compatible con los estándares mínimos de derechos humanos para las medidas privativas de la libertad y contrario al principio de inocencia”, dijo Jiménez al máximo tribunal. Y fundamentó su posición en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en el caso “Arguelles y otros c/ Argentina”, de fecha 20 de noviembre de 2014), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del máximo tribunal tucumano.
Hace dos semanas, el ministro fiscal se había pronunciado a favor de la anulación de la condena a Belén, en otro dictamen elevado a la corte tucumana. Jiménez consideró que el fallo del tribunal es “arbitrario y por ende, nulo”. Además, remarcó que las irregularidades comenzaron en la etapa de instrucción. “Se deja entrever un prejuicio de falsedad desde el comienzo de la investigación respecto a los dichos de la imputada”, observó en esa oportunidad.
La Mesa #LibertadParaBelén –integrada por más de cuarenta organizaciones sociales, sindicales, de mujeres y políticas– lanzó la convocatoria para concentrarse el viernes en las plazas de todo el país a partir de las 17. En el caso de la capital tucumana, se trasladará el reclamo a la puerta del Palacio de Tribunales, a partir de las 11, para exigirle a la Corte que libere a la joven condenada.
La causa en su contra se inició como “aborto seguido de presunto homicidio”, un tipo penal imposible e inexistente. Luego se recaratuló como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”, a pesar de que no hay ninguna prueba que vincule en términos de filiación a Belén con el feto supuestamente encontrado en el hospital. Tampoco hay pruebas de que ella se haya provocado un aborto y mucho menos que haya matado a un bebé recién nacido, arrojándolo a una cañería. Belén lo dijo a gritos y con llanto ante el Tribunal. Pero nadie quiso escucharla.
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