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Sociedad|Viernes, 18 de junio de 2004

La madre de una víctima del gatillo fácil interrogará a policías acusados

La mamá de Sergio Schiavini se enfrentará con once policías investigados en el sumario interno, que se realiza trece años después.

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María Teresa Schnack, un pedido de justicia que no llega.
Después de trece años de espera, la mamá de Sergio Schiavini, el joven poeta muerto en un tiroteo en una confitería de Lomas de Zamora, se sentará frente a once policías de la Bonaerense. Y les hará preguntas sobre su actuación en el hecho. Diez de ellos fueron absueltos por la Justicia. Otro nunca llegó a estar imputado. Ahora, todos están acusados en un sumario interno de la policía. La presencia de María Teresa Schnack en el interrogatorio es un hecho inédito e histórico: una opción que consiguieron los familiares de las víctimas del gatillo fácil en octubre del año pasado. La mamá de Sergio es el primer caso que se encontrará en esa instancia.
El crimen de Sergio es uno de los casos emblemáticos de violencia policial. Lo asesinaron el 29 de mayo de 1991 en la confitería Dalí, de Lomas de Zamora, cuando entró la policía con la intención de reprimir un asalto. “Unos 15 o 17 patrulleros y alrededor de 45 efectivos policiales más, algunos uniformados y otros de civil, abrieron fuego contra la confitería utilizando armamento pesado en un enfrentamiento que duró algo más de treinta minutos”, indicó el año pasado la Procuración bonaerense cuando pidió la revisión de la causa.
Durante la investigación del caso, María Teresa fue hostigada y perseguida por los tribunales locales y funcionarios policiales. El primer juez que instruyó el caso llegó a demandarla por injurias. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indicó que “la investigación adoleció de numerosas irregularidades que culminaron con la absolución de los responsables”. Un médico legista de la familia impugnó las autopsias forenses y judiciales: comprobó que el resultado era tendencioso y subjetivo. El juicio oral se hizo seis años después del crimen. El juez prohibió la filmación y la grabación “sin argumentación alguna; se dejaron de lado pruebas determinantes y se arribó a una sentencia plagada de irregularidades”, dice el CELS.
A raíz de la parálisis de la causa y de la absolución de los policías, el 3 de febrero de 1998 la denuncia llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), impulsada por la Comisión de Familiares Víctimas de la Violencia Social e Institucional (Cofavi), Cejil, Human Rights Watch y el CELS. La resolución demoró cuatro años: “La OEA (CIDH) me dio una audiencia justo para el 14 de septiembre de 2001, pero se suspendió por las Torres Gemelas”, le contaba ayer a Página/12 la mamá de Sergio. El 2 de abril de 2002, la CIDH finalmente admitió la revisión: “Les tuve que contar en veinte minutos lo que me había pasado en 11 años”.
La resolución produjo efectos, entre ellos, la revisión de la causa pedida por la Procuración. La CIDH decidió impulsar una instancia de mediación antes de continuar el proceso en los fueros internacionales. En ese marco, convocó a un acuerdo al Estado nacional, al provincial y a la familia. Desde abril de 2002 se hicieron varias audiencias de conciliación en las que María Teresa exige barajar y dar de nuevo: “Yo busco la nulidad del juicio oral –le dijo a Página/12– por considerarlo totalmente fraudulento”. Mientras esa instancia seguía adelante, el ex ministro de Seguridad Juan Pablo Cafiero impulsó la apertura de los archivos internos de la policía, una medida ratificada por un decreto de Felipe Solá en octubre del año pasado.
Desde entonces, los archivos que están a disposición de todas las víctimas de las fuerzas de seguridad también estuvieron abiertos para María Teresa. Ella participó de las audiencias en la Dirección General de Prevención y Control contra la corrupción y abuso funcional de AI, y el viernes pasado le contaron que desde esta mañana y durante tres días presenciará y participará de once audiencias. Actuará como querellante en las indagatorias contra los diez policías absueltos en el caso por la Justicia, y contra el entonces comisario mayor Osvaldo Trama, que nunca llegó a estar imputado. Es el hombre que debía estar presente en “semejante operativo”, dice María Teresa, pero que se “ausentó”. Hasta el momento, Trama siempre fue testigo. Ahora está acusado en el sumario interno.
La primera audiencia empieza a las 9.30 de la mañana de hoy. A 13 años de la muerte de Sergio y a cinco de la conclusión del juicio oral, la madre volverá a encontrarse con el comisario Trama. A las 11, lo hará con el oficial de mayor rango durante el enfrentamiento: el principal Omar Juan Ceballos y a las 17.30, con el principal Alberto Francisco Franco.
El pedido de la Procuración en este momento está en la Cámara de Casación esperando la respuesta. Las reuniones de mediación a instancias de la CIDH están al borde de cerrarse. María Teresa estuvo ayer en la Cancillería con representantes del Ministerio de Justicia bonaerense. Ella esperaba la solución y un acuerdo. Se vencían los plazos fijados por la Comisión. En el encuentro, el gobierno de la provincia pidió un plazo de diez días más para destrabar “resoluciones pendientes”. La semana próxima María Teresa decidirá si lo acepta.

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