El gigante mundial de la distribución Wal-Mart se enfrenta a serios problemas con la Justicia. Un juez federal de San Francisco aceptó ayer que se aglutinen en una “demanda conjunta” todas las denuncias por discriminación sexual presentadas contra la compañía desde hace tres años y que alcanzan a 1,6 millón de empleadas que trabajaron para la cadena desde diciembre de 1998, de las que 750.000 siguen en su puesto de trabajo. Los denunciantes aseguran que hubo un tratamiento diferenciado de género en términos de salarios y promociones.
Es el mayor caso por violación de los derechos civiles que se lanza contra un empleador privado en Estados Unidos. “Tenemos que ver la decisión”, declaró el presidente de Wal-Mart. Pero la compañía deja claro que apelará la decisión del juez Martin Jenkins porque considera que tratar las denuncias en bloque es una acción “equivocada”. “Tan sólo se está diciendo que se cumplen los criterios necesarios para seguir con el proceso por esa vía”, afirman desde Wal-Mart, pero esto no impidió que sus títulos cayeran un 2 por ciento en la apertura de Wall Street.
La denuncia original por discriminación sexual data de junio de 2001 y fue presentada por seis antiguas empleadas y una séptima que sigue trabajando para la compañía. El abogado de las denunciantes, Joseph Sellers, insiste en que Wal-Mart “ha estado pagando sistemáticamente menos a las mujeres cuando realizaban el mismo trabajo que los hombres” y añade que se saltaba a las mujeres “en las promociones para puestos clave”. Sellers asegura que detrás de esta actuación hay una “decisión corporativa”. “Lo controlan todo, hasta el volumen de la música”, explica.
Wal Mart es el mayor empleador privado en EE.UU., con 1,3 millón de trabajadores. Pero la imagen de la mayor cadena de distribución del mundo está muy dañada por las continuas denuncias por violación de las leyes laborales y la contratación de inmigrantes ilegales. El juez todavía no ha fijado fecha para este juicio por discriminación sexual, pero considera que hay evidencias para afirmar que la compañía tiene un sistema salarial y de promoción “común” en todo el país. Por eso, concluye que las demandas por discriminación afectan a todos los denunciantes por igual.
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