Sociedad|Sábado, 18 de septiembre de 2004

Tres mil estructuras metálicas que, en días de feria, se transforman en puestos de venta fueron arrasadas ayer por dos topadoras que contaron con la custodia de 500 policías de infantería, tres carros hidrantes, diez ambulancias y algunos perros con ganas de morder. El escenario fue la feria La Salada, en una calle a la vera bonaerense del Riachuelo, en Ingeniero Budge, donde funcionan miles de puestos que compiten con los considerados legales por el municipio y la policía, aunque unos y otros vendan la misma mercadería de origen dudoso. A pesar del enorme operativo, no hubo detenidos ni heridos porque ayer no era día de feria. Pero el choque podrá ser el domingo, cuando funcionan los espacios legalizados: hay una sola calle para acceder a ellos y los ayer afectados prometieron no dejar pasar ni un solo vehículo en esa dirección. “Si no vendemos nosotros tampoco van a vender ellos”, advirtieron.
La Salada funciona los domingos y los miércoles a la noche hasta el mediodía del lunes y el jueves. En los puestos se oferta todo lo imaginable. Desde ropa de todas las marcas, comida, perfumes importados y artículos electrónicos. Ayer no había actividad y, todos coinciden, por eso no hubo incidentes. El megaoperativo, ordenado por la Municipalidad de Lomas de Zamora, comenzó a las 7. Inmediatamente las topadoras aplastaron las estructuras. Sólo hubo algunos reclamos, pero la marea azul inundaba todo y no permitió ninguna confrontación. Los efectivos dijeron presente hasta el mediodía, cuando ya no quedaba un puesto en pie.
El “shopping de los pobres”. Es como llaman los mismos pobres del sur del Gran Buenos Aires al complejo de ventas La Salada, ubicado en el límite de Lomas de Zamora y la Capital Federal. Existen tres enormes complejos –Punta Mogotes, Ocean y Urkupiña– que hacinan a miles de puestos que pagan, por cada jornada, entre 150 y 1000 pesos. Cifra que asegura la ausencia de molestia municipal. Al lugar llegan jóvenes para adquirir unas zapatillas de marca a mitad de precio, pequeños comerciantes que compran por docena y luego revenden en sus barrios empobrecidos, y comerciantes de clase media de todo el país que llegan en decenas de micros especialmente para hacerse de los productos que, comprados en negro y a bajo precio, ingresarán al mercado legal a costo de mercado. “Es el Once de Lomas”, también lo bautizaron en los barrios cercanos.
Quienes participaron alguna vez del circuito comercial, sin excepciones, aseguran que el lugar es una pirámide de abusos y corrupción. Los tres dueños de las ferias cuentan con la complicidad de los controles municipales, la AFIP y la Bonaerense. “Se arreglan con los tres poderes y todo el lugar es un país aparte donde los dueños de las ferias imponen sus leyes y sus castigos”, cuenta una fuente de la municipalidad local. Entre los feriantes hay dos niveles: el que tiene varios puestos o un puesto grande y empleados, y el feriante que alquila un pequeño espacio. El piso para comprar un puesto –en realidad, un permiso permanente de venta– es de 20 mil pesos. Pero no se otorgan nuevos permisos y es muy raro que alguien venda el suyo.
El desalojo de ayer ocurrió afuera, en la calle de acceso, conocida como “la ribera” pero llamada Carriego. Allí se concentra el eslabón más débil: los vendedores que no pueden pagar para ingresar a los complejos “habilitados”. Allí el sistema es de menor escala, pero similar al de otras ferias. Hay dos niveles. El “capanga de cuadra”: cada cien metros hay una persona o familia propietaria de las estructuras metálicas que ayer fueron destruidas. Los puestos tienen un metro de frente y por ellos se paga según la relación que se tenga con el “capanga”: pueden ser diez pesos, pueden ser quince, puede llegar hasta cuarenta. Además, cuentan los feriantes, se debe pagar una cuota extra de 2,5 pesos por seguridad de un patovica. Ese total incluye el arreglo con la Bonaerense, que tiene el destacamento a cinco cuadras del lugar, en Puente La Noria. Los dueños de las tres grandes ferias y los dueños de cuadra tienen una guerra aparte: se acusan mutuamente. Ambos se dicen mafiosos, ambos se llaman explotadores, ambos se prometen muerte. Ambos se disputan feriantes y clientes.
“El operativo lo mandan los de las ferias ‘legales’ por medio de la municipalidad”, afirman los vendedores de la feria “ilegal”, también conocida como “la ribera” y que tiene tres kilómetros de largo, treinta “capangas” y tres mil puesteros. Muchos de ellos ayer relataban su historia, todas parecidas: “Me quedé sin laburo hace unos años, estuve con changas cada tanto y esto surgió como algo fijo. Hace cinco años que trabajo acá y no le robo a nadie. Laburo, loco”, reclamó Ramón a Página/12 y compartió su lectura de lo que podrá pasar si no los dejan vender: “Cuando se fue De la Rúa, el barrio era una guerra, se robaban entre vecinos. Imaginate tres mil vecinos más sin laburo, se va a pudrir todo, loco”.
Antonio es vecino del lugar y herrero. Está con una amoladora trabajando en la montaña de hierros retorcidos. Ya comenzó a armar nuevamente los puestos que los “capangas” intentarán volver a alquilar el domingo a la noche, cuando otra vez haya feria. “Esto es simple: esta gente no puede entrar a las ferias que están arregladas con los de la municipalidad porque no pueden pagar cien mangos por día, entonces tienen que vivir y no afanan; laburan. Ellos sacan para el morfi y el mango que ganan lo dejan en el barrio: en el almacén, en la carnicería, en el kiosco. Si no pueden volver a poner los puestos va a haber quilombo”, asegura.
Prometieron que si no los dejan instalarse el domingo, cortarán la calle de acceso a las tres grandes ferias y, en ese momento, la guerra entre pobres comenzará.

Informe: Darío Aranda.

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