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Todas las prendas “son fabricadas bajo estrictas guías de calidad fijadas por expertos artesanos en nuestra fábrica”, se anuncia en la página web de la empresa Cueros Crayon. Pero en uno de sus talleres “trabajan cinco costureros, todos indocumentados, incluso un menor de 16 años, traídos de Bolivia”. Trabajan de “lunes a viernes de 7 a 24” por la suma de “7 pesos por campera, cuando en el día llegan a hacer dos o tres”. Además, “viven hacinados y sin medidas de seguridad”. La denuncia forma parte de una presentación efectuada ante la Justicia federal por la Cooperativa La Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros para evidenciar que 18 conocidas marcas poseen talleres clandestinos.
El informe fue dado a conocer ayer frente a la puerta de un supuesto taller clandestino vinculado con las firmas Puma, Topper, Adidas y Dufour, en la calle Campana 1126 en el barrio de Floresta. En el documento entregado a la Justicia se menciona que las siguientes marcas poseen talleres clandestinos: Cueros Crayon y Chiarini, Claudia Larreta, Portsaid, Awada, Akiabara, Normandie, Muaa, Mimo, Gabucci, Kill, Martina Di Trento, Yagmour, Ona Saez y Chocolate.
Gustavo Vera, presidente de La Alameda, señaló a Página/12 que en esta ocasión se “hizo la denuncia de 18 marcas de ropa que usan talleres clandestinos. Estas se agregan a las 53 que ya están en la Justicia federal desde 2005. En total hacen más de 70 marcas, las mismas que acaban de aumentar el precio de las indumentarias en más de un 11 por ciento”.
Vera comentó que en este taller “trabajan 15 personas, muchos de ellos bolivianos”, y en ese sentido explicó que “nos enteramos de la existencia de este taller clandestino por costureros que están dentro”.
El informe que acompaña la denuncia es un relevamiento realizado en el último trimestre “sobre denuncias de costureros que fueron víctimas de condiciones laborales denigrantes en esos talleres, denuncias de vecinos y de talleristas”.
Vera estima que hay “varias decenas de talleres de este tipo”, y que habría alrededor de “dos por marca”. Por eso, “queremos que el gobierno de la ciudad intime a estas marcas. Con las otras, que ya están en la Justicia, no ocurrió nada porque la Justicia aún discute cuestiones de competencia. No avanzó mucho”.
En el informe se denuncia que esos talleres efectuaron “violaciones a la ley 12.713 (régimen de trabajo a domicilio por cuenta ajena), violaciones a la ley de migraciones, al convenio colectivo de los obreros del vestido, reducción a la servidumbre y trata de personas”.
Cuando se lee la denuncia se repiten expresiones, referidas al trabajo en los talleres, del tipo: “jornada de trabajo de 7 a 22”, “condiciones de vida: dormían hacinados cinco personas en cuartitos de cuatro por cuatro”, “a veces quedaban encerrados todo el fin de semana”, “todos en negro, fuera de convenio, pago por prenda y jornadas extensas”, “casos de indocumentación”, “el lugar es un galpón dividido por cortinas y en un rincón viven los costureros”, “comida: precaria”, “ahora les descuenta como monotributistas” o “duermen junto a la máquinas”.
Informe: M. S. Wasylyk Fedyszak.
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