El “fracaso” de la ley que penaliza la tenencia de drogas para consumo personal fue denunciado por una entidad civil presidida por un juez en lo criminal. La Asociación de Reducción de Daños formuló su advertencia en línea con las recomendaciones de la reciente Conferencia Mundial de Sida en Barcelona –una de las principales vías de transmisión de esta enfermedad es el compartir jeringas–, y señaló que la estigmatización del adicto “le impide conseguir trabajo en un país como la Argentina, donde la desocupación llega al 20 por ciento”.
A una década de vigencia de la ley que castiga el consumo, “no se necesita demasiada sagacidad para advertir su fracaso”, según el comunicado de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), cuyo presidente honorario es el juez Martín Vázquez Acuña, que a su vez preside el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1. Hace pocos meses, Uruguay derogó una ley similar.
La ley 23.737 “convierte al usuario de drogas en un delincuente, condición que lo marginaliza y clandestiniza, haciendo muy difícil cualquier intervención de asistencia y prevención”, explica el comunicado. La penalización del consumo “pone en peligro la integridad física del usuario y lo deja en situación de ser objeto de coacciones o extorsiones”; además, “le impedirá conseguir trabajo en un país donde la desocupación orilla el 20 por ciento”.
Según graficó Vázquez Acuña para este diario, “si el consumo de alcohol estuviera penalizado, no podría existir la entidad Alcohólicos Anónimos”. El magistrado recordó que “el concepto de ‘reducción de daños’ se vincula con la prevención de enfermedades como el sida: las organizaciones internacionales encabezadas por Onusida, de Naciones Unidas, promueven que el usuario de drogas deje de ser caratulado como delincuente, ya que esto es lo único que abre la posibilidad de que se acerque por sí mismo a los servicios de salud y elimina los tratamientos compulsivos, de fracaso previsible”.
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