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Es la primera vez que un pedido de aborto no punible obstaculizado, negado, recibe como respuesta social múltiples manifestaciones de repudio. Sociedades médicas y organismos internacionales que preferían mirar para otro lado cada vez que el mismo drama emergía en alguna provincia, esta vez decidieron jugarse y pronunciarse públicamente, para cuestionar la inacción –que no es nueva– de funcionarios provinciales y nacionales, para garantizar los derechos pisoteados de una niña, que no eligió ser madre. Me pregunto: ¿si en lugar de 11 años hubiera tenido 12 o 15 o 22 años, hubiera habido una reacción generalizada de indignación similar frente al incumplimiento de la ley que establece que no es punible un aborto cuando el embarazo es producto de una violación? La infancia ultrajada, claro, conmueve: la niña primero fue abusada sexualmente presuntamente por un adolescente, y después, violada por las instituciones estatales que debieron protegerla o, al menos, ayudarla a reparar el gravísimo daño sufrido.

Pero lamentablemente no es la primera vez que ocurre. El listado es extenso: C.C.A., en Mendoza (2006); V.O., en Mar del Plata (2007); M.F.C, en Paraná (2007); Ana María Acevedo, en Santa Fe (2007); una nena de 12 años y otra de 13 años, en Mendoza (2008); G.N.R., en Bahía Blanca (2008); una niña de 12 años en Viedma, Río Negro (2009); A.G. y María, en Comodoro Rivadavia, Chubut (2010); una niña de 12 años, en Adrogué, provincia de Buenos Aires (2010); T.N., en El Bolsón, Río Negro (2010); L.G.S, en Rawson, Chubut (2011); una niña de 14 años en Posadas (2011), entre otras mujeres, la mayoría niñas y adolescentes, algunas con discapacidad mental, que tuvieron que batallar en tribunales en los últimos años, luego de chocar con la negativa de un hospital a realizarles un aborto no punible.

Mientras el aborto esté penalizado en el país, el acceso a las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal no estará garantizado: las dudas de los médicos, las interpretaciones restrictivas, las creencias personales seguirán conspirando contra su cumplimiento. Una ley que despenalice y legalice el aborto, no obligará a interrumpir un embarazo a ninguna mujer que no quiera hacerlo. Simplemente, favorecerá que la práctica esté garantizada independientemente de si se tiene el dinero para pagar o no una intervención en el circuito privado, como ocurre ahora, donde quienes tienen la plata suficiente abortan clandestinamente, pero de forma segura. Y quienes no, ponen en riesgo su vida en el intento o se enfrenta con circuitos perversos, aun cuando el pedido esté amparado en los permisos contemplados en el Código Penal.

No nos indignemos sólo esta vez. Reclamemos los cambios de fondo necesarios para evitar la repetición de situaciones, como la de Entre Ríos y tantas más, de profunda inequidad e injusticia social, que afectan particularmente a las mujeres.

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