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En la causa penal por los asesinatos de Salgueiro y Chura Puña, el fiscal Sandro Abraldes y la jueza Mónica Berdión de Crudo coincidieron en imputar a los policías homicidio culposo, homicidio en agresión, abuso de armas y lesiones. Fueron procesados 30 integrantes de la Metropolitana, entre ellos cinco jefes, y 11 efectivos de la Federal. Pero a mediados de este año, el expediente volvió prácticamente a foja cero cuando la Sala I de la Cámara sobreseyó a 26 de los policías y le dictó falta de mérito al resto. El tribunal de Alzada sostuvo que si bien está probado que las muertes y los heridos fueron provocados por el accionar policial, no se puede involucrar a los jefes que no estaban en el lugar ni identificar a los autores directos. Son, sostuvo, “policías no identificados que habrían actuado por su cuenta”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, que en la causa contra los policías representa a la familia de Chura Puña, sostuvo ayer en un comunicado que “la decisión de llevar a juicio a Pérez y Nardulli sienta un grave precedente de criminalización de referentes sociales y evidencia el trato discriminatorio y violento con que el Gobierno de la Ciudad se ha posicionado frente a conflictos como el Indoamericano”. Recordó que los policías porteños siguen en funciones y los defiende un estudio jurídico “con domicilio en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño”. Así como no se esclareció ningún asesinato, señaló el CELS, “en estos cuatro años se ha agravado la situación de déficit en el acceso a un hábitat digno que dio origen a la toma del Indoamericano”.
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