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Los hechos vuelven a despegarse de su representación mediática y de las expectativas que la (des)información provoca. Entre la dirigencia agropecuaria primaba la visión de un Gobierno vengativo que le haría pagar la osadía de su lucha (cada vez más) política. Las condiciones no son hoy las de marzo-junio, cuando, según el sector y bajo precios record, “no se aguantaba más”. La crisis internacional llegó primero a los commodities y los precios agropecuarios se derrumbaron. Son los huracanes que soplan desde el norte, y no unos puntos de retenciones, los que hoy retraen sensiblemente la rentabilidad sectorial.
El “campo” siempre rechazó la dimensión macroeconómica, arancelaria, de las retenciones; a las que considera un simple impuesto y, como tal, con objetivos netamente recaudatorios. Finalmente, visto desde la historia económica, la lucha por impedir la separación entre precios internos y externos es el reclamo que vertebra las reivindicaciones sectoriales, puja que, dicho sea de paso, constituye uno de los nodos explicativos de la historia política local.
Pero los hechos, no los que se cuentan en las columnas de opinión, sino los que surgen de las lecturas de las medidas concretas, indican la incorrección de esa lectura. En su momento los aumentos de las retenciones acompañaron a los de los precios internacionales. Para ser coherente con su propia argumentación, frente a la caída de estos precios el Gobierno debía bajar las retenciones. De nada vale llorar sobre la leche derramada, pero demás está decir que establecer un esquema de retenciones móviles evita tener que tomar estas medidas frente a las variaciones de precios.
Un segundo argumento gubernamental fue el de desincentivar la sojización. Para mantener su coherencia, entonces, el Gobierno no debía bajar las retenciones a la soja. Ambas decisiones bien podían complementarse con incentivos que operen como premio a la mayor producción de los productos que compiten con la soja: el trigo y el maíz.
Estas fueron las medidas que, con un importante costo fiscal en momentos de crisis, el Gobierno anunció esta semana junto a detalles en su momento adelantados por Cash, como los incentivos para la producción de terneros Holando Argentino.
Imagine el lector que no conoce a los actores de la dirigencia agropecuaria, sus matices y compromisos políticos. ¿Qué puede predecirse desde la economía en materia de reacción política? La respuesta es unívoca: el rezongo de los intereses sojeros. No hace falta hacer nombres, sólo relacionar medidas y reacciones para obtener el resultado luminoso de quién es quién.
Una segunda línea de anuncios apuntó a las economías regionales. Desde 2002 la evolución de estas economías explica buena parte del crecimiento del PIB. A diferencia del agro tradicional de la Pampa Húmeda, se trata de circuitos intensivos en mano de obra que funcionan como clusters exportadores. A las regiones la crisis internacional llega, además de por la caída de precios, por los problemas de prefinanciación de las ventas al exterior, tarea que hasta ahora no era cubierta por la banca local, sino principalmente por los propios compradores. La administración local no puede resolver los precios internacionales pero sí la prefinanciación de las exportaciones, a las que se anunció se destinarían 1700 millones de pesos. Un buen punto de partida.
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