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La Coordinadora de Trabajo Carcelario salió ayer al cruce del anuncio oficial del cierre definitivo del pabellón psiquiátrico de la Cárcel de Coronda, cuyo acto será presidido mañana por el gobernador Hermes Binner. "El cierre del `corralito' ha sido un reclamo histórico de la Coordinadora de Trabajo Carcelario pero lo que no aclaran las autoridades y que es importante, es el destino de las personas que estaban allí internadas, sobre todo si partimos de la base que las personas que estaban privadas de su libertad tenían un alto grado de vulnerabilidad y aún más cuando carecen de sus facultades mentales y no pueden defenderse", señaló Carmen Maidagan.
"Lo importante entonces es que las autoridades aclaren dónde han sido trasladadas estas personas, quién procedió a evaluarlas, quiénes han sido sus defensores, no sólo desde el punto de vista de su evaluación psiquiátrica sino de las defensa de sus derechos, por lo cual debieron haber intervenido sus defensores oficiales o privados para determinar si debían ser llevados a otros lugares". Y, agregó la abogada de la CTC: "Queremos saber en dónde están, porque según nos relataron algunos internos de la cárcel de Coronda en nuestra última recorrida, al menos uno de los internos había sido derivado a una institución privada de Buenos Aires. Los internos sin embargo no sabían dónde ni en qué condiciones habían sido llevados", aclaró.
Maidagan remarcó de igual modo que "nos parece que por fuera de lo simbólico del cierre del `corralito`, lo importante siguen siendo las personas, y qué hacemos con ellas, cuando están a disposición del Estado". Pero la abogada fue un más allá con sus críticas y apuntó que "desgraciadamente este gobierno remarca su intención de diálogo y participación de la sociedad civil, pero el diálogo con nuestra institución es cada vez menor. Pareciera que hay una intención de marcar los rumbos que ellos deciden pero hay poca intención de diálogo. La CTC no puede negar que tiene un libre acceso a las cárceles, a todos sus pabellones, pero los canales de diálogo están cada vez más limitados, y son menos escuchados los reclamos. Es verdad que como gobierno ellos tienen otra mirada sobre el tema, y nosotros como ong otra, pero es un error grave no escuchar".
Justamente, será el gobernador de la provincia, Hermes Binner, quien presidirá mañana el acto de cierre definitivo del pabellón psiquiátrico de esa unidad penitenciaria, conocido como el "corralito". El pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda fue creado el 11 de enero de 1985, en el marco de un convenio celebrado entre los entonces Ministerios de Salud y Medio Ambiente y de Gobierno de la provincia de Santa Fe.
Según el acuerdo, se trataba de un espacio para alojar y brindar asistencia a personas declaradas jurídico-penalmente inimputables en situación de cumplimiento de una medida de seguridad, como así también a aquellas personas consideradas penalmente imputables en situación de padecimientos en su salud mental.
Durante los 23 años de funcionamiento del "corralito", tal como fue apodado el psiquiátrico de Coronda, existieron múltiples proyectos e iniciativas de cierre definitivo motivados por innumerables reclamos y solicitudes de organismos gubernamentales, nacionales e internacionales y de derechos humanos, que denunciaron oficial y judicialmente la ilegalidad de este espacio y la situación de vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas allí alojadas.
No obstante, el pabellón psiquiátrico siguió funcionando y continuaron ordenándose judicialmente internaciones en el mismo.
En este marco, los ministerios de Salud -a través de la Secretaría de Salud y la Dirección de Salud Mental-, de Seguridad -a través de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios y la Dirección General del Servicio Penitenciario-, y de Justicia y Derechos Humanos -a través de la Secretaría de Derechos Humanos- decidieron, en forma conjunta y coordinada emprender un plan estratégico dirigido al cierre definitivo del pabellón psiquiátrico.
A tal fin, mediante un trabajo interministerial, se puso en marcha un "Protocolo de intervención de acciones inmediatas", consistente en:
1) La disposición de los recursos y acciones necesarias para alojar y asistir a los pacientes declarados inimputables, en el menor tiempo posible, en instituciones de la red de Salud Pública.
2) La disposición de los recursos y acciones necesarias para asistir adecuadamente, dentro de las instalaciones del Servicio Penitenciario, a los pacientes procesados o condenados que se hallaban en el pabellón psiquiátrico.
3) La conformación de un equipo interdisciplinario que tomará a su cargo la asistencia inmediata y evaluación, caso por caso, de la estrategia terapéutica pertinente para cada uno de los pacientes.
4) El desarrollo de las acciones tendientes a coordinar y lograr la cooperación de los actores institucionales competentes en la materia, específicamente con el Poder Judicial, teniendo presente que las internaciones de personas en el pabellón psiquiátrico eran dispuestas y ordenadas judicialmente.
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