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A casi tres meses de la denuncia por abuso sexual presentada contra el cura de la Basílica de Esperanza, Luis Brizzio, la víctima y su abogado renovaron las críticas contra el Arzobispado de Santa Fe, tras la respuesta negativa a su pedido de participación en el expediente canónico. Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina, planteó que existe un "accionar ilegal" de parte del clero santafesino y recordó que la primera denuncia, en la Iglesia, se hizo en época del arzobispo Edgardo Storni. Es decir, "el prelado tuvo `noticia al menos verosímil' como plantea el derecho canónico del delito y no hizo nada; sólo trasladó al cura denunciado. De modo que encubrieron descaradamente a Brizzio durante 20 años. Es más, permitieron que fuera a saludar al papa Bergoglio al Vaticano", se quejó el letrado.
La denuncia fue presentada por la víctima el 6 de febrero pasado por los sucesos de hace unos veinte años y desde entonces sólo sabe que el Arzobispado le tomó declaración a él y a sus padres, además de un cura que estaba a cargo de la Iglesia de Gálvez donde sucedieron los abusos denunciados, por parte de Brizzio, quien estaba a cargo del grupo de jóvenes. Pero no les fueron notificadas otras cuestiones en el marco de la investigación canónica que según dijo el arzobispo José María Arancedo se enviará a Roma, una vez finalizada.
Para Lombardi, "como el problema tomó estado público, iniciaron el procedimiento que debería haberse hecho 20 años atrás"; por lo que consideró que a Brizzio "lo seguirán protegiendo mediante el ilegal procedimiento canónico que aplican". Las declaraciones del abogado llegaron tras la recepción de la nota en respuesta de la solicitud de tomar parte en el expediente para que el denunciante tenga control de mismo, como víctima.
"Como indican en la nota, se aplicarán los cánones que obligan a todos los que participan en el procedimiento a guardar el más absoluto secreto. Cánones que explican el desarrollo del proceso que se le oculta al denunciante del abuso, no permitiendo compulsar ni sacar copias de las actuaciones para controlar la marcha del proceso; el que regula la intervención de terceros en la causa; la llamada instrucción secreta continere, principal norma que causa el encubrimiento de los abusos sexuales y no derogada por el papa; además de otras disposiciones que en nada ayudan a las víctimas, sino a proteger a los delincuentes de sotana", lanzó Lombardi.
Sobre esos puntos, consideró que lo que se plantea desde el Arzobispado es que "aplicar las normas eclesiásticas no indica que se brindarán las garantías procesales que la víctima tiene como ciudadano argentino".
En la nota recibida por el denunciante la semana pasada "se le recuerda que como él concurrió voluntariamente a la jurisdicción eclesiástica debe aceptar sus normas. Es decir, si no le gusta, se embroma: autoritarismo y abuso de poder en estado puro; y revictimización de los abusados".
En la nota de respuesta al pedido de la víctima, el Arzobispado expresa que "resulta claro que esta instancia canónica no es ni un proceso penal ni administrativo para infringir una pena"; y el abogado se quejó de que "sin embargo, aplican las normas del proceso penal canónico". Frente a ello, consideró que "no sólo existe manipulación sino una tremenda contradicción, que no es casual".
Para Lombardi, "claramente el derecho canónico debe someterse a la Constitución Nacional y a los Tratados internacionales sobre derechos humanos, conforme el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza publicado el pasado 17 de abril", en una causa por abuso sexual en esa provincia. Y criticó: "Son un monumento a la ilegalidad, abuso de poder y cinismo. Marcan la columna vertebral de la política de encubrimiento eclesiástico".
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