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La abogada de la agrupación Familiares de Desaparecidos Gabriela Durruty fijo posición sobre el caso: "En relación al procesado Chomicki o a cualquier otra persona procesada por delitos de lesa humanidad prima la determinación adoptada por las víctimas. Ninguna organización, gubernamental o no, y mucho menos ningún abogado puede decidir por sobre las declaraciones de las víctimas directas. No puede intentarse una suerte de amnistía de hechos con apariencia de delito de lesa humanidad, sea cual fuere el acusado o acusada. Por un lado se incumpliría con las obligaciones del estado mismo y por otro se priva al propio imputado de la oportunidad de defenderse y de ventilar los hechos donde debe hacerse, en un juicio oral y público. Por lo demás, desde un punto de vista técnico, esas cuestiones no pueden plantearse en cualquier momento de la audiencia, debe esperarse al momento previsto para formular conclusiones".
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