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El abogado Gustavo Lorenzo, del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, formuló críticas a la ley de Protección porque la reglamentación no aborda un tema fundamental como el de los recursos económicos. Se trata de cómo "se va a resolver y mejorar la calidad de vida de la gente" ante la vulneración de derechos. En el mismo tono de preocupación marca que la ley sólo tiene en cuenta a una porción de quienes están en situación de vulnerabilidad, aquéllos que son así definidos por un trámite administrativo o judicial "pero no son todos, hay quienes nunca acceden a esa tramitación o a que alguien los defina en situación de vulnerabilidad".
Así se refiere a los sectores sociales que ni siquiera son tomados por los centros de salud municipales o los Centros de Desarrollo Zonal provinciales. "Quedan viviendo en una marginalidad que se naturaliza, con ingresos bajísimos, en la mendicidad o haciendo changas que terminan poniendo a los chicos en situaciones de riesgo".
Para Lorenzo la ley "naturaliza" algunas situaciones y el ejemplo que pone es el de quien recolecta basura desde las 8 de la noche a las 7 de la mañana del otro día. "Esto aparece como algo normal y natural, aunque se hace en condiciones paupérrimas y con los niños en situaciones de riesgo". Para la ley "solamente entrarían en el sistema de protección quienes son definidos como desprotegidos por las estructuras burocráticas de la provincia o de la Municipalidad o de la policía".
"Si esta ley hubiera sido pensada en el marco de políticas públicas para elevar el nivel de vida general de la sociedad podría tener otros efectos", opina y señala que su uso aparecería sólo en situaciones excepcionales. "El tema es que las situaciones de vulneración son la la habitualidad y entonces una ley como la que nos ocupa tal vez debería aplicarse en el 40 por ciento de la población de Rosario, que no tiene vivienda, ni salud y para la que la alimentación y la escolarización están en niveles muy bajos. Se necesita, entonces, de un conjunto de políticas públicas previas a la ley y que además todavía no existen".
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