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Así lo confirmó el juez de Instrucción Willams Dávila, quien dijo que "Fernández asumió que tenía conocimiento de que se estaba preparando un enfrentamiento entre campesinos y funcionarios de la prefectura, y pese a ello ha cooperado en mandar dos camionetas con gente armada para enfrentar a los campesinos".
En declaraciones a radio Erbol que recogió la agencia estatal boliviana ABI, el magistrado censuró además el hecho de que un gobernador dispusiera la movilidad de vehículos oficiales para transportar efectivos irregulares armados "cuando podía apelar a la policía".
En ese marco, ratificó su decisión de remitir a Fernández detenido preventivamente al penal de San Pedro, en La Paz, una medida que había sido cuestionada -aunque sin éxito- por una cámara judicial.
El jueves 11 de este mes, en el marco del mayor pico de tensión que vivía el país por la crisis que enfrenta al gobierno de Morales y varios prefectos opositores, cientos de indígenas y estudiantes que pretendían manifestar a favor del presidente fueron emboscados por paramilitares organizados -según la investigación- por Fernández en la localidad de Porvenir, Pando. El ataque dejó al menos 21 muertos, decenas de heridos y más de 100 desaparecidos.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) denunció en las últimas horas que en aquel hecho sicarios dispararon a mansalva contra "campesinos desarmados que sólo llevaban consigo platos, cucharas y vasos", dado que iban a una reunión con militantes oficialistas.
"La APDHB constató que en la carretera entre el puente de Cachuelita y Filadelfia, la maquinaria pesada del Servicio Departamental de Caminos cavó una zanja de dos metros de profundidad con el fin de obstaculizar el paso de los campesinos", consignó un informe elaborado por el organismo humanitario, que difundió ABI.
De acuerdo con el texto, "los campesinos fueron emboscados y frente a esa arremetida, a fin de salvaguardar sus vidas, se internaron al monte y otros se lanzaron al río Tahuamanu, donde fueron acribillados".
"Los campesinos en su desesperación por no morir se lanzaron al río pese a que existen caimanes, víboras venenosas y otros peligros", añade el trabajo de la APDHB.
El balance agrega que "los campesinos que no lograron adentrarse al monte ni lanzarse al río fueron aprehendidos por los funcionarios prefecturales de Leopoldo Fernández y cruelmente golpeados con palos, chicotes".
"Este acto de violencia no discriminó a mujeres embarazadas, ancianos y niños. Los testimonios desgarradores dan cuenta de asesinatos públicos como muestra de escarmiento", considera la denuncia.
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