La AJUS afirmó que "no puede dejar de subrayarse la función que la complicidad civil tuvo en la perpetración y sostenimiento del terrorismo de Estado, en especial la colaboración de un sector de operadores de la Justicia para con el encubrimiento de violaciones sistemáticas a los derechos humanos".
"Muchos de ellos, como Romero Victorica, se desempeñan actualmente en el ámbito de la magistratura", advirtió la entidad en un comunicado y destacó la "necesidad de contar con un sistema de administración de justicia asentado en bases profundamente democráticas".
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