Montezanti fue citado por Ramos Padilla para el próximo 27 de agosto, en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad cometidos por la Triple A en Bahía Blanca, en la que también están imputados ex integrantes de la CGT local y de fuerzas de seguridad.
La decisión del juez va en línea con lo requerido por los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia respecto de un grupo de civiles acusados de conformar una asociación ilícita con el objetivo de llevar adelante la “erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.
Los fiscales habían solicitado en abril de este año que la investigación de 22 homicidios perpetrados por grupos paramilitares entre 1974 y 1975, en la etapa del terrorismo de Estado inmediatamente previa al golpe del 24 de marzo de 1976, “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantes”, recordó hoy fiscales.gob.ar, el sitio del Ministerio Público en Internet.
Palazzani y Nebbia sostuvieron que todos los casos señalados evidencian “los requisitos típicos del crimen de lesa humanidad, toda vez que estamos hablando de asesinatos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, con participación de grupos paraestatales “bajo la dirección de blancos y medios y/o el amparo de la estructura estatal”.
Al fundamentar la citación a indagatoria de Montezanti, el juez subrogante Ramos Padilla consideró que "los elementos presentes en la causa no sólo sustentan la sospecha respecto a su vinculación con la Triple A, sino también sobre su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos de Jorge Omar Riquelme Esparza".
Riquelme Esparza era militante de la Juventud Peronista y trabajaba en el hospital municipal local cuando fue secuestrado a mediados de 1977 y trasladado al Comando del V Cuerpo del Ejército, donde fue víctima de torturas durante reiterados interrogatorios a los cuales fue sometido.
Entre las pruebas reunidas por la Unidad Fiscal se encuentran "antecedentes" del camarista Montezanti relativos a su "desempeño como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 desde 1980".
Al citarlo a indagatoria, Ramos Padilla aludió en su resolución en particular a que el "grupo de personas involucradas desarrolló sus actos en ámbitos estudiantiles de la Universidad del Sur y la UTN, y gremiales, al menos en esta ciudad de Bahía Blanca, llevando adelante actos de intimidación, violencia y homicidios”. Entre estos últimos, se cuenta el asesinato del joven de 23 años David Hover Cilleruelo, estudiante de Ingeniería y militante de la Federación Juvenil Comunista ultimado a balazos en la sede de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
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