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El pedido de investigación sobre la conducta de Rafecas será sorteado el mismo jueves -fecha de la próxima reunión prevista de la comisión- para que el tema recaiga en uno de los consejeros que integran ese grupo y dictamine un curso de acción a seguir. En caso de prosperar, la Comisión de Disciplina que encabeza el diputado del FpV Carlos Moreno, podría pedir a Boudou que aporte detalles de su denuncia y eventualmente al propio Rafecas para que haga su descargo.
Boudou denunció el jueves las filtraciones periodísticas en el juzgado de Rafecas pese a que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. El vicepresidente aludió al tema como un caso de "baja calidad institucional", resaltando que pese al hermetismo que deberían tener las actuaciones del juzgado, el allanamiento de un departamento de su propiedad en Puerto Madero que no habita, fue cubierto por medios de prensa que llegaron al lugar simultáneamente con los funcionarios del juzgado y la Gendarmería.
"Las declaraciones de Boudou son de una gravedad institucional que el Consejo no puede soslayar de ninguna manera", aseguró Ordiales en declaraciones radiales y aclaró que el organismo "tramita más de 250 expedientes de ciudadanos que se sienten víctimas de un magistrado". Pese a ello, el representante del gobierno en el Consejo admitió que "no podemos afirmar que haya sido el propio magistrado" el responsable de filtrar dichos datos del procedimiento judicial. "Evidentemente Boudou duda de la imparcialidad del magistrado, y esto es lo que está en tela de juicio, no la agencia de noticias, que puede ser una metáfora, que puede ocultar algo más profundo", señaló en referencia a las denuncias del vicepresidente.
La Comisión de Disciplina es sólo el primer eslabón del procedimiento para analizar la conducta de un juez en una causa, y corre por vía separada del eventual pedido de recusación del magistrado que puede realizar alguna de las partes involucradas en la causa. En caso de que se produzca esa recusación, es el propio juez que la acepta o rechaza y luego la decisión pasa a la Cámara Federal de Apelaciones, que decide si corresponde o no la recusación.
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