P. F. tiene 59 años y hace cuatro años vive un calvario. Luego de denunciar a quien era su marido, el abogado Matías Sanz Navamuel, de 56 años, por golpearla e intentar matarla en 2020, lo tuvo que volver a demandar al menos otras 140 veces, incluso ya perdió la cuenta, porque él no ha parado de enviarle amenazas y de hostigarla. En las últimas semanas recibió cuatro notas agresivas. "Vos y tu hijo están muertos", dice una.
Además de las causas penales, hay un litigio civil, en el que el abogado de la denunciante, Vidal Villalba Samaniego, pidió la nulidad de un contrato, contó que valiéndose de engaños en un contexto de violencia de género económica, Sanz Navamuel hizo firmar a P. F. un acuerdo con un grupo de personas que pretende quedarse con su casa. La jueza interviniente no hizo lugar al planteo y el año pasado embargó la cuenta bancaria y los bienes de la mujer. Las amenazas que recibe de forma constante se vinculan con las presiones que recibe para entregar esa propiedad y desistir de las causas judiciales.
P. F. contó que el 18 de mayo de 2020, en plena pandemia, al regresar a su casa, encontró a su marido Sanz Navamuel en una situación de infidelidad y la atacó a golpes, ella asegura que intentó matarla, se salvó porque los vecinos llamaron a la policía tras escuchar gritos y los golpes. La denuncia se caratuló como "lesiones agravadas y amenazas". P. F. se divorció de Sanz Navamuel. Sin embargo, este hombre mantiene una conducta de constantes amenazas de muerte hacia ella y su hijo, para que abandonen la casa donde viven y desistan de las causas judiciales. Otras dos mujeres que estuvieron en pareja con este letrado también lo denunciaron por hechos de violencia.
En febrero de este año, la Sala II del Tribunal de Impugnación anuló el sobreseimiento que había otorgado el juez de Garantías Antonio Pastrana a Sanz Navamuel en múltiples causas por hechos de amenazas, coacción agravada, turbación de la propiedad y desobediencia judicial que se le sumaron entre 2020 y 2023 tras las sucesivas denuncias de las tres mujeres que fueron sus parejas.
Sanz Navamuel había sido sobreseído por el juez Pastrana a raíz de un diagnóstico de bipolaridad. Sin embargo, el juez de Impugnación Guillermo Polliotto consideró que falta certeza para determinar el estado mental del acusado al momento de la comisión de los delitos, como la comprensión o no de la criminalidad de los actos, y cuestionó el sobreseimiento que le había concedido Pastrana.
P. F. asegura que Sanz Navamuel era amigo de Pastrana y que incluso hacían negocios juntos. También dijo que su exmarido era compañero de colegio y amigo cercano del actual procurador, Pedro García Castiella. La mujer considera que el acusado se basa en las influencias y los contactos de poder con que cuenta para actuar con impunidad. Su temor constante es que la mate y cumpla con lo que asegura que intentó hacer aquel 18 de mayo de 2020, cuanto la atacó.
En la actualidad el abogado denunciado permanece en prisión domiciliaria y tiene como tutora a Mónica Del Valle Quipildor. En el marco de las múltiples denuncias por amenazas, también hay acusaciones contra el músico Carlos Abán y el contador público Rafael Gerardo Peñalba.
P. F. contó que cambiaron de nuevo a la fiscala de su causa, ella estaba conforme con las actuaciones con perspectiva de género de María Luján Sodero Calvet, quien apeló los sobreseimientos al acusado, ahora interviene la fiscala Mónica Biassi.
"Tenés tus días contados"
P. F. denunció ante Biassi las amenazas que encontró hace dos semanas en el baño de la galería donde se ubica su local céntrico, hay otra que le llegó despúes y por la que no hizo denuncia. Dijo que está cansada de tener que denunciar porque incluso no recibe un buen trato en las oficinas.
Por pedido de la fiscalía puso cámaras en el comercio, allí vio que Peñalba, uno de los socios de su exmarido, pasó por un pasillo y fue hasta el fondo donde hay una confitería que estaba cerrada. Después vio a una mujer que se agachó y le dejó algo en su local pero no le visualizó la cara.
"El lunes vas a saber de lo que somos capaces. Tenés tus días contados. Te repito, sacala a Mónica de esto. Te cagué una vez y ahora lo hago de nuevo. Vos y tu hijo están muertos. Muerta de hambre vos y tu abogadito", se lee en las amenazas escritas que encontró P. F.
"Solo entendés lo que querés. Dejá en paz a nuestra gente, a mí, al dr. Matías, a don Peñalva y a don Abán, que se está muriendo. Entendé que perdiste, ya está, basta. No vas a volver a trabajar. Nunca más, porque ya no tenés Identidad Bancaria. Te fundimos dejá la casa y todo termina. ¿Mejor arreglo? imposible. Muerta de hambre vos y tu abogado. Yo también tengo mis contactos... ¿te suena Silvia Navarro? ¿la dra. Gil? y ni nombrarte a otros que nos apoyan y me apoyan. Ya sabes quién soy. Yo no amenazo. Concreto. ¿Te metiste conmigo? ahora si vas a saber quién tiene el verdadero poder", dice otro texto.
P. F. denunció a Mónica Quipildor, la actual tutora de Sanz Navamuel, y a Peñalba. Pidió que se le realice una prueba caligráfica a ambos.
"Rata rata rata nunca se imaginaron vivir en una casa como esa. Pero voy a luchar hasta el último. Te previne, no lo metan a Peñalba, sacala a Mónica. H.D.P vos y tu sordo vividor y tu abogadito me tienen harto más. Ya veremos quién gana y que hagan las pericias del orto que quieran. Yo soy más inteligente. Ratas", dice el último texto que recibió P. F. y que todavía no denunció formalmente.
El Vidal Villalba Samaniego, que representa de P. F., señaló que desde 2018, "en complicidad", Abán, Peñalba y Sanz Navamuel "empiezan a hacer instrumentos jurídicos, en un día concretan que (la denunciante, su esposa en ese momento) le firme una escritura traslaticia de una propiedad. En un día le desbaratan siendo ella usufructuaria vitalicia, le sacan la propiedad y la ponen a nombre de Carlos Abán". Explicó que Sanz Navamuel "armó todo un fideicomiso" en el que puso la propiedad de P. F. "El administrador del fideicomiso es Peñalba, el contador".
Villalba Samaniego presentó una acción de nulidad porque su representada, en contexto de violencia de género de tipo económica, "fue coaccionada a firmar esas cosas. Firmó otro documento en el que supuestamente Sanz Navamuel le vendía un departamento también".
La jueza María Fernanda Diez Barrantes, que tramita la demanda, no hizo lugar y consideró que P. F. estaba dentro de sus capacidades al momento de firmar un contrato y los hechos de violencia no viciaron su voluntad. En ese acuerdo, P. F. dijo que le habían ofrecido otras propiedades a cambio de la casa, pero no cumplieron. En una mediación que se hizo hace dos semanas le ofrecieron 30 millones a cambio de la propiedad pero ella no aceptó.
Al regular los honorarios de los socios de Sanz Navamuel, la jueza dispuso el embargo del 100% sobre los ingresos de P. F. y trabó el embargo sobre sus bienes, situación que en el marco de la crisis actual del país recrudeció la violencia, ahora institucional, por la que atraviesa la denunciante.