En el Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, es necesario reconocer que los desafíos pendientes en la región en esta materia son muchos, pero que también se han alcanzado importantes logros, principalmente gracias a la continuidad de gobiernos democráticos. En la tarea de garantizar la protección de los derechos humanos, los gobiernos de la región han contado con el apoyo permanente de la Comisión y la Corte Interamericanas. A través de recomendaciones y decisiones adoptadas de manera independiente, exentas de las presiones internas que existen en los países, el sistema interamericano de derechos humanos ha hecho posible que los gobiernos tomaran decisiones que de otra manera habría sido muy difícil lograr.

Por ejemplo, en el 2005 la Corte Suprema de Argentina basó su decisión de declarar nulas las leyes de amnistía que favorecían a los militares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos en decisiones de la Comisión y de la Corte. Posiblemente ésta haya sido la decisión más importante para el fortalecimiento del estado de derecho en Argentina y toda la región. Asimismo, un acuerdo de solución amistosa en un caso tramitado ante la CIDH por el periodista Horacio Verbitsky tuvo como resultado la derogación del delito de desacato en Argentina y otros diez países de la región.

En 2003, la Corte Interamericana dispuso el archivo del caso La Ultima Tentación de Cristo gracias al cumplimiento por parte de Chile de todos los puntos de su sentencia, incluyendo la modificación de su Constitución para suprimir la censura previa en la que se había basado la orden de prohibir la exhibición de la película. En noviembre de este año, la Corte Suprema de la República de Colombia declaró, en base a una recomendación de la CIDH, la nulidad de decisiones adoptadas en el fuero militar en contravía al derecho internacional sobre los derechos humanos y refirió la cuestión al fuero ordinario para que adelante un nuevo proceso. Se trata de la primera decisión de este tipo adoptada por un alto tribunal en Colombia. En Costa Rica el Estado dejó sin efecto el proceso penal por difamación contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa y canceló su inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes, tal como lo recomendó la CIDH en su informe de fondo.

Por su parte, Brasil modificó su legislación interna para adecuarla a las normas internacionales cuando aprobó la Ley de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer en atención a las recomendaciones de la CIDH en el caso Maria da Penha. Brasil también adoptó un Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Forzado, a raíz de un acuerdo de solución amistosa firmado bajo los auspicios de la Comisión, en un caso que sirve de ejemplo de las numerosas políticas públicas implementadas en la región como resultado de recomendaciones emitidas por la comisión.

Estos ejemplos de cumplimiento son sin duda alentadores y han tenido un impacto no sólo al interior de los países sino en toda la región. Sin embargo, todavía se depende de la existencia de voluntad política de parte de los gobiernos para lograr estos resultados. En este sentido, el principal desafío pendiente en materia de derechos humanos es que se aprueben leyes que obliguen a los Estados a cumplir con las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana. En muchas ocasiones el cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos no es sencillo, debido a que pueden tener importantes repercusiones políticas, jurídicas y económicas. Por ello, las leyes que se aprueben deben contemplar los procedimientos internos a realizarse para garantizar que las decisiones sean implementadas con facilidad y prontitud. El principal aporte que pueden hacer los gobiernos con una clara voluntad política de fortalecer los derechos humanos es dejar como legado un mecanismo que permita, frente a la posible ausencia de voluntad política en el futuro, legislación que claramente obligue al Estado y determine los procedimientos que deben ser seguidos para cumplir con los organismos internacionales de supervisión de derechos humanos.

* Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).