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Mientras en el Senado se debatía ayer el proyecto de ley sobre las retenciones a cuatro cultivos, responsables de Aerolíneas Argentinas y del Gobierno retomaron las negociaciones para definir cómo será la transición hasta que el Estado se haga cargo de la línea aérea. El principal avance habría sido la decisión de armar una comisión conjunta para apuntalar a un nuevo gerenciador estatal, pero nombrado con el aval español. Hasta el momento todo indica que para tener en el corto plazo las acciones en su poder, el Estado se haría cargo de la abultada deuda de la empresa que, según minimizó ayer Marsans “es la misma que tiene cualquier compañía aérea”. Ayer el fisco aportó 54 millones de pesos más para garantizar la operatividad de la compañía, que se suman a los 50 desembolsados días atrás para pago de salarios y otros gastos operativos. La otra novedad se produjo en Tribunales, donde el titular de los mecánicos y subsecretario de Política Aerocomercial hasta diciembre, Ricardo Cirielli, pidió a la Justicia que investigue el presunto desvío de los fondos que el Estado español dio a ese grupo y la responsabilidad de Ricardo Jaime por consentir esa maniobra.
Hasta el martes, cuando toda la atención estaba puesta en los actos de apoyo al Gobierno y a los reclamos del campo, una de las principales dificultades para llegar a un acuerdo con el socio privado de Aerolíneas Argentinas era la pretensión oficial de que éstos reconocieran en un acta su responsabilidad en el actual estado crítico de la compañía, que acumuló una deuda posterior al concurso de acreedores de 890 millones de dólares.
A través de un comunicado, Marsans aseguró que la deuda total de Aerolíneas y Austral es de “890 millones de dólares, aproximadamente”, de los cuales “al 30 de junio pasado son exigibles 220 millones”. Según destaca el texto, las obligaciones representan menos del 65 por ciento de la facturación, “lo que asemeja esa carga a la de cualquier otra empresa aerocomercial”. Al tiempo que la deuda preconcursal pendiente es de “apenas el 3 por ciento” del monto original. “Las deudas bancarias, que ascienden a 112 millones de dólares, representan solamente 12 por ciento del total del pasivo, cifra muy por debajo del ratio normal de endeudamiento bancario argentino e internacional”, subrayan los españoles.
Los ejecutivos de Marsans saben que plasmar por escrito que se hacen responsables del delicado cuadro económico financiero actual no sólo tiene un inmediato impacto mediático y político, sino que tendría también implicancias económicas que aspiran a evitar a cualquier costo. Este desencuentro impidió avanzar en la firma de un acta que permitiera formalizar el primer paso para la reestatización de la empresa. Pero ayer la posición oficial sobre este punto tendió a relajarse y pudo hablarse de formar una comisión con representantes de las dos partes para comandar la transición. Este período, de entre sesenta y noventa días, serviría para valuar las líneas aéreas y definir una fórmula para que el 94 por ciento de las acciones en poder de Marsans sean propiedad del Estado.
Ese comando mixto estaría, a su vez, bajo un gerente general que designaría el Gobierno pero con la anuencia de los españoles. Esto le evitaría al juez del concurso, Jorge Sícoli, atender el reclamo formulado por los representantes estatales en el directorio de Aerolíneas de que nombre un coadministrador.
La cesión de acciones voluntaria es el camino alternativo al envío de un proyecto de ley al Congreso, alternativa que todos quieren eludir. Al Gobierno no le conviene que la oposición parlamentaria lo cuestione sobre su responsabilidad en la debacle de la privatizada. A Marsans tampoco le viene bien que se ponga la lupa de los legisladores sobre cuál fue el destino que se le dio a los fondos recibidos por el Estado español y se siga dilatando un cambio de manos que ellos anhelan.
La tercera y última etapa a definir es qué haría luego el Estado cuando tenga la casi totalidad de acciones en su poder (los trabajadores tienen menos del 1 por ciento). Hay por lo menos dos corrientes dentro del Gobierno. Una que postula la necesidad de apurar la reprivatización de la mayor parte de las acciones, incentivando a un inversor argentino que podría recibir la empresa sin pasivo y en condiciones operativas más ventajosas, gracias al subsidio al combustible, desgravaciones y los últimos aumentos de tarifas. Otros son partidarios de retenerla en la órbita estatal para diseñar con más tranquilidad esa eventual segunda entrega a manos privadas.
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