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Opinión
María Matilde Ollier *
Por primera vez, desde 1983, ocurre en la Argentina una crisis política en medio de un ciclo de crecimiento económico. Contestar por qué se generó esa crisis obliga a volver la mirada hacia el poder político. Allí se encuentra su punto de partida, que se expresa en el modo de construcción y ejercicio del poder del ex mandatario y de la actual Presidenta: la dicotomización del campo político en amigo/enemigo, donde no caben los grises ni los matices. Esta estrategia, vieja por cierto y practicada también por algunos sectores de la oposición, resultó exitosa hacia adentro del PJ y en la opinión pública, luego de 2003. Más todavía sus principales referentes contaban con una altísima imagen positiva hasta la pulseada con el campo. ¿Qué pasó entonces?
El Gobierno tomó una medida económica, a la cual, en principio, resultaba difícil oponerse. Habida cuenta del alza mundial de los commodities, ella apuntaba a un doble objetivo: incrementar la recaudación fiscal y evitar un impacto negativo local del alza de los precios internacionales. Ante el firme rechazo de sus principales afectados, era esperable una búsqueda de consenso, entre las partes, impulsada por el Gobierno, que optó en cambio por no modificar la estrategia política imaginando una victoria segura. La persistencia en el estilo se debió, en parte, a una lectura errónea del triunfo de Cristina, la cual fue vista como holgada, cuando en realidad la novel mandataria no había alcanzado la mayoría de los votos (la mitad más uno) en octubre pasado. A esto se sumó la presencia de Kirchner en todas las decisiones de la administración, que no sólo daban la imagen de una Presidenta débil sino que reforzaron el modo de ejercicio del poder. De ahí que no fue la importancia del tema (discutir el porcentaje de un impuesto) lo que convirtió en relevante el debate, sino que el Gobierno lo transformó en una confrontación estratégica contra los sectores involucrados. Tanto fue así que inicialmente debió renunciar el ministro de Economía.
Por lo tanto, en la madrugada del 17 de julio, lo que en verdad hizo crisis fue un modo de ejercicio del poder basado en la confrontación. Si este razonamiento es correcto, la pregunta siguiente es inevitable: ¿lo sucedido modificará ese estilo o todo seguirá igual bajo el argumento de echarle la culpa a los “traidores” de adentro y de afuera del movimiento? Acusar a otros lleva, sin duda, a un terreno pantanoso, pues si parece sobredimensionado tratar de héroes a quienes votaron por el “no”, también cuesta ver en el acto de Palermo a los comandos civiles y a los grupos de tarea. Por el contrario, la rectificación supondría una mirada autocrítica del estilo que condujo a la derrota. Porque al extremar el antagonismo, que propuso ver al Gobierno víctima de un golpe, los más diversos e inimaginables integrantes del espectro político (sindicalistas, piqueteros, ruralistas, izquierda ortodoxa, derecha de distintas vertientes, peronistas, radicales, etc.) encontraron la oportunidad de confrontar con el modelo presidencial.
Frente al enfrentamiento es preciso apuntar que en la madrugada del 17 de julio funcionaron las instituciones, independientemente del resultado obtenido, es decir, una votación opuesta también hubiese sido una señal del funcionamiento institucional. Porque el funcionamiento del Parlamento no se mide por el resultado. Algo similar vale para los cortes de ruta y los escraches: si ambos métodos son condenables, la condena le cabe a cualquiera que los haga. Pues la práctica social de polarizar el campo político tampoco ayuda a fortalecer las instituciones. Y lamentablemente en estos días esa práctica volvió a escena tanto cuando sectores ligados al oficialismo agredieron a manifestantes en Plaza de Mayo como cuando algunos participantes de las convocatorias del campo pronunciaban expresiones racistas apuntando a descalificar a los ciudadanos humildes que apoyaban al Gobierno.
* Politóloga, profesora de la Escuela de Política y Gobierno (Unsam).
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