Según explicaron los integrantes de la conducción de la CGT, el proyecto acordado con el gobierno nacional para modificar el impuesto a las ganancias evitará que 400 mil trabajadores y 140 mil jubilados tengan que pagar el tributo en 2017. No lo aclararon, pero se sospecha que la comparación está hecha con lo que hubiera resultado de no modificarse ni las deducciones ni las escalas para el próximo año respecto de las vigentes en 2016. Según el ministro de Hacienda y Finanzas, el costo fiscal de dichas reformas es de 34 mil millones de pesos, 7000 millones más de lo contemplado en el proyecto que el Ejecutivo envió originalmente al Congreso, pero que fue modificado y sustituido por la mayoría opositora en Diputados. 

El mínimo no imponible, el ingreso sobre el cual un trabajador en relación de dependencia no paga el impuesto, se elevará a 27.941 pesos, de acuerdo a lo anticipado por voceros sindicales y gubernamentales. Este valor estaba en 22.746 pesos en 2016, lo que implica un incremento del 22 por ciento. Ello no cubriría siquiera la inflación esperada para 2017. Además, se anticipó que no se modificará en el transcurso del año. Por lo cual, estará vigente aun para los salarios que resulten post negociación paritaria en cada gremio.  

Las deducciones familiares también aumentan. Lo que se informó es que la deducción por cónyuge y dos hijos a cargo estaría en el orden de los 9000 pesos. Vale aclarar que no es correcto decir que “el mínimo no imponible para el casado con dos hijos es de 37.000 pesos”. Primero, porque ese valor resultaría del mínimo no imponible más las deducciones por carga familiar: 27.941 pesos más la deducción por esposa y dos hijos. Y ésta, a su vez, sólo se aplica en caso de que la o él cónyuge esté a cargo (no trabaje y no tenga un ingreso propio), y los dos hijos, menores de 24 años, tampoco tengan ingresos, porque en ese caso dejan de ser deducibles para el padre o jefe del familia. La condición de ser “casado y con dos hijos” no basta para tomarse la deducción. Es más, en una situación económico social en la que lo usual es que ambos miembros de la pareja trabajen, el “caso tipo” que suele exhibirse es, más propiamente, un “caso extraño”. 

Las demás deducciones existentes también se actualizan, según se dejó trascender, en un porcentaje que se acerca al 23 por ciento. Pero, además, se incorporan otras dos deducciones. Una, de orden general, que es por alquiler, que le permitirá al contribuyente deducir hasta el 40 por ciento del valor del mismo pero por un valor no superior a 4000 pesos mensuales. La otra deducción nueva tiene un carácter más específico, según explicó ayer Héctor Daer, de la CGT, que es por Viáticos, por los que se podrá deducir hasta 2000 pesos por mes pero para determinadas actividades. 

Por otro lado, se dispondrá que no pagarán Ganancias los aguinaldos de las personas (prorrateados en los doce meses del año) cuya retribución mensual no supere los 37 mil pesos brutos. También quedarán exceptuados del pago todos los jubilados cuya remuneración no supere las cinco jubilaciones mínimas. Otra exención especial es la de las horas extra que se abonen por trabajo en días feriados o no laborables. En cambio, las horas extra en días “normales” sí están alcanzados por el impuesto, aunque no se computarán para la definición de la escala de ingresos del trabajador (y por tanto, el nivel de alícuota que paga). 

 En cuanto a la escala del impuesto, uno de los temas más controvertidos dado que su falta de actualización provocó un fuerte aumento en el pago por parte de los trabajadores alcanzados, se modificará pero parcialmente. Se actualizan los niveles (los escalones de ingresos según los cuales sube el porcentaje del impuesto), pero partirá del 5 por ciento en el nivel mínimo (hoy en 9 por ciento), pero no del 2, en el que coincidían el proyecto oficial original y el de la oposición votado en Diputados. La tasa máxima, para el tramo más alto de ingresos, se mantiene en el 35 por ciento.

Con toda seguridad, la modificación más trascendente y más favorable para los contribuyentes será la actualización automática de todos los valores nominales que figuran en el tributo, por el índice de retribución promedio de los trabajadores estables (Ripte), que elabora el Ministerio de Trabajo. Este criterio, al menos, elimina uno de los motivos de la disputa periódica por el retraso del mínimo no imponible, los valores topes de las escalas, las deducciones por familiar a cargo, etc., en medio de procesos inflacionarios y consecuentes actualizaciones salariales. 

Según los números que brindó ayer el ministro Alfonso Prat-Gay, el costo fiscal de esta reforma de Ganancias es de 34 mil millones de pesos, “siete mil millones más de los 27.000 millones previstos, que ya estaban incorporados en el Presupuesto 2017”, según informó ayer en conferencia de prensa junto a Rogelio Frigerio, ministro del Interior (ver aparte). Esos 7000 millones adicionales, indicaron ambos, serán compensados con un impuesto “especial, por única vez”, sobre las rentas de los contratos de dólar futuro concertados en 2015 por el gobierno kirchnerista y liquidados en 2016 por las actuales autoridades. Curiosamente, el ministro propone cobrar impuesto (y en forma retroactiva) sobre una operación que el propio Prat-Gay denunció ante la justicia por fraudulenta, con el indisimulable fin de perjudicar a Alejandro Vanoli (ex titular del Banco Central), Axel Kicillof (ex ministro de Economía) y Cristina Fernández de Kirchner (ex presidenta), los denunciados. Algunos de los que deberían pagar ese nuevo impuesto (sería del 15 por ciento, y se espera recaudar 6000 millones de pesos) son funcionarios del gobierno actual, ya que se beneficiaron apostando contra el peso en 2015, y se beneficiaron con la megadevaluación dispuesta por Cambiemos en el debut de su gestión.