Un juez laboral condenó al Estado y a las empresas de colectivos del área metropolitana por discriminación contra mujeres que buscan trabajar como choferes en el transporte público, y ordenó a las empresas que diseñen un protocolo para la selección de personal que contemple la cuestión de género.
Erika Borda denunció ante la Defensoría General de la Nación que, pese a reunir los requisitos para desempeñarse como chofer de colectivo urbano, no conseguía empleo. La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, armó el reclamo individual y una acción colectiva para cuestionar la discriminación estructural por motivos de género.
El recurso fue dirigido contra las empresas de transporte urbano de corta distancia del área metropolitana, para que adopten una política de contratación del personal no discriminatoria y que se fije un cupo para equiparar la situación de las mujeres. Y se demandó al Ministerio de Trabajo de Nación para que adopte las medidas necesarias para hacer cesar las prácticas discriminatorias que afectan a las mujeres en el acceso al trabajo en el sector.
