“Te gusta hacer quilombo, ahora vas a ver hija de puta” le gritaron a una de las internas y se la llevaron a las rastra hacia el anexo psiquiátrico. Le sacaron la ropa y le inyectaron un tranquilizante no identificado. Otras mujeres fueron empujadas hasta los “tubos” (celdas de aislamiento) y pasaron la noche fría en camastros sin frazadas. Sin sacarse el casco, uno de los oficiales del Sistema Penitenciario Federal le aplastó la cabeza a una de ellas hasta el borde de la asfixia. No es una película, ni una pesadilla. Son imágenes que se desprenden de los testimonios que las presas del Complejo IV de Ezeiza les contaron a asesores de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), que el viernes 9 de marzo visitaron la cárcel, y para luego presentar una denuncia ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Las presas se encuentran desde ese día en huelga de hambre porque el Servicio Penitenciario no les quiere pagar por su trabajo de febrero. Para rescatar sus voces la colectiva YoNoFui, Ni Una Menos, Emergentes y No Tan Distintas, entre otras, brindaron el martes pasado una conferencia de prensa en las puertas del Ministerio de Justicia. Las acompañó un enorme entramado de ex presidiarias, organizaciones políticas, referentes de derechos humanos, colectivos feministas. “Toda presa es política” fue parte de un grito común ante la cartera que comanda Germán Garavano.
El 8 de marzo en la cárcel de Ezeiza tomó la forma de un ruidazo y de un manifiesto. Y con un timming fuera de serie, mientras las presas llevaban adelante la manifestación, las autoridades del complejo citaron a integrantes de cada pabellón para una reunión en la que se les comunicó que no se les pagaría el mes de trabajo. Los pagos suspendidos hasta nuevo aviso son lo que a la gran mayoría de las internas les permite mantener su rol de sostén de hogar. Esa noche, mientras algunas conversaban sobre la noticia tuvo lugar una requisa violenta en manos de agentes femeninos y masculinos, con gas pimienta, palos y patadas. A una la recluyeron en el anexo psiquiátrico, donde permaneció medicada y desnuda, y a otras las llevaron a las celdas de aislamiento, espacios de vigilancia y castigo donde se las priva de la luz del sol.
“A una de las chicas con las que pudimos hablar le pegaron en la cabeza, le pegaron patadas, le pegaron con un tubo en las piernas”, cuenta Alejandra Rodríguez (YoNoFui / Ni Una Menos) sobre la visita al penal junto al CELS, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y el juez federal Gustavo Hornos. Esa chica, continúa Rodríguez, “tiene cinco hijos, padres mayores, y pertenece, como la mayoría de las presas, a los sectores más humildes de la sociedad. Para ellas no cobrar el peculio no es cualquier cosa”. En estos momentos las internas están en una huelga de brazos caídos (interrumpieron sus tareas) y “empujan el carro” (rechazan la comida del centro penitenciario).
Encerrar a las mujeres en el anexo psiquiátrico, sin un criterio médico fundado, y doparlas con medicación incierta a modo de reprimenda, es una práctica sistemática en el Servicio Penitenciario Federal. Así lo denuncia Verónica Manquel, del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración: “El anexo es usado como sanción encubierta. A los hombres cuando son sancionados se los envía a las celdas de aislamiento. Las mujeres también, pero además es común que aduciendo lo que llaman ‘exaltación psicomotriz’ las trasladen al anexo y las inyecten. Es un eslabón más de la historia de la vinculación de las mujeres con la enfermedad mental”.
El lunes pasado, después de dos visitas a las internas, la Procuración presentó una denuncia. Manquel estuvo allí y relató a Las12 que vieron “algo que denunciamos hace años: pabellones superpoblados que complejizan aún más el acceso a los derechos básicos. Algo que se agravó en 2017 porque creció la población carcelaria”.
El martes en la conferencia de prensa las voces de las presas se hicieron presentes a través del documento “Ni una menos también en las cárceles”, donde denuncian en primera persona las condiciones de vida y de muerte en los penales. Hablan de demoras y maltratos en la atención médica. Cuentan que llegan a los hospitales con “brazos salidos de lugar, muchas veces por golpes masculinos, y ni hablemos del daño psicológico que ejercen continuamente en nuestra cabeza; reviven épocas que creíamos olvidadas”. Dan cuenta de abuso de poder y torturas durante las requisas: “Lo llaman alboroto de excitación”, entonces “somos golpeadas con palos”. Como castigo, además de prohibirles el contacto con sus hijos, “nos dejan desnudas, nos rocían con gas pimienta, solo falta que nos violen. Algunos pensarán que hablamos de dictadura. Nosotras lo llamamos ‘Complejo IV clandestino’”.
