La continuidad del encierro de Milagro Sala depende de la Corte Suprema de Justicia. Luego de que, tal como lo anunció este diario, la defensa de la dirigente social jujeña presentara un recurso extraordinario para que los ministros revisen sus fueros como diputada del Parlasur, la Cámara de Casación habilitó a Sala otra vía de acceso a la máxima autoridad judicial del país ayer, a propósito del incumplimiento en el que estaría incurriendo el Estado nacional por no ponerle fin a la detención de Sala, a la que organismos internacionales como la ONU y la OEA calificaron de “arbitraria”. 

Con los votos de los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió el recurso extraordinario federal presentado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y el dirigente social Juan Grabois, en representación de Sala, hace algunas semanas. En su fallo, los jueces habilitaron la vía de la Corte “ante el posible riesgo de colocar al Estado en situación de responder a nivel internacional” a propósito del incumplimiento que hay hasta ahora de la Decisión 31/2016 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que consideró “arbitraria” la detención bajo el régimen de prisión preventiva de la líder de la Tupac Amaru y conminó al Gobierno nacional a poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para dejarla en libertad. 

Sala presentó el recurso extraordinario en Casación, en donde aguardaba para ser tratada la denuncia de un grupo de parlamentarios del Mercosur como ella –Julia Argentina Peire, Mario Alfredo Mestaza, Teresa Sellares, Ana María Corradi, Claudia Fernanda Gil Lozano y Eduardo Valdés– en contra de jueces y fiscales del Poder Judicial de Jujuy por privarla ilegalmente de la libertad y prevaricato. Esa denuncia, impulsada en febrero pasado, a pocos días de que Sala fuera detenida,  con el patrocinio de los abogados Pablo Llonto, Damián Loretti y Elizabeth Gómez Alcorta, apuntó contra jueces y fiscales del Poder Judicial de la provincia de Jujuy por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y prevaricato. La Justicia Federal de Jujuy la rechazó, al igual que la Cámara Federal de Salta. Casación era la próxima estación en la vía jurídica de todo expediente. 

La resolución del grupo de trabajo de la ONU, cuya evaluación y tono compartió luego la Organización de los Estados Americanos (OEA), aceleró el tránsito. Fuentes judiciales señalaron a este diario que las advertencias de los organismos internacionales en torno del posible incumplimiento de pactos internacionales en los que estaría incurriendo el país por mantener a Sala detenida “abrieron un surco jurídico nuevo”.

La detención de la dirigente de la Tupac Amaru ya integraba el universo de expedientes a tratar por los supremos, luego de que Gómez Alcorta y Luis Paz, otro defensor de Sala, presentaran un recurso extraordinario ante el máximo tribunal a propósito de los fueros parlamentarios, que el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy declarara inconstitucionales a principios de mes. La urgencia dentro de este equipo es que el máximo tribunal trate la privación de la libertad de la dirigente, que permanece detenida hace once meses en el penal de Alto Comedero, en la capital jujeña. En ese marco, la habilitación de Casación abre el panorama hacia un horizonte más esperanzador, ya que obliga a la Corte a tratar la arbitrariedad del encierro como razón que pone al país en situación de incumplimiento de pactos internacionales de derechos humanos.  

Sala fue detenida el 16 de enero de este año, cuando llevaba adelante una protesta frente a la casa de gobierno de Jujuy, acusada de instigar a “cometer delitos y tumultos”. A los pocos días fue excarcelada por esa causa, pero de todos modos fue mantenida cautiva por otras denuncias.