En una especie de mea culpa de tono protocolar, la Cámara Federal de Casación Penal reconoció en una resolución firmada ayer que no son confiables los sorteos que deben asignar los expedientes a un tribunal oral. Dispuso, de hecho, que de ahora en más sean siempre públicos y en presencia de las partes. El pronunciamiento fue consecuencia de la acordada de la Corte Suprema que rechazó habilitar el Tribunal Oral Federal 9 (TOF9) al que la presidencia de la Casación había permitido funcionar a pesar de que no tenía el aval de los supremos, y que se había conformado con jueces de un tribunal oral ordinario designados a dedo por una mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura. Ese tribunal había recibido los principales expedientes contra Cristina Fernández de Kirchner, como el de encubrimiento del Memorándum, y el de la obra pública que se acumuló al de lavado contra Lázaro Báez. Pero los sorteos generaron dudas y fueron cuestionados por las partes, que habían pedido incluso que se hicieran en forma manual, algo rechazado. La acordada de la Corte determinó que los integrantes del TOF9 nueve no estaban designados de manera constitucional, por concurso, mediante una terna elevada al Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Casación tuvo ayer una tensa reunión extraordinaria, en la que los jueces y juezas se vieron en la obligación de revisar la designación de uno de sus integrantes, Carlos Mahiques, que entró a ese tribunal por la ventana, sin concurso, con un mecanismo de “traslado” que los supremos consideraron inválido en su acordada. Mahiques estaba ayer de licencia por lo que la discusión seguirá la semana que viene, pero nadie descarta que deba dejar su lugar.  

La resolución de ayer de Casación establece también que todas las causas que tenía el TOF9 sean devueltas a sus jueces de origen para que las eleven otra vez para un sorteo entre otros ocho tribunales orales federales. El tribunal 9 tenía ya asignadas 23 causas. Pero hasta ayer al mediodía, cuando terminaba el horario de tribunales, no había sido quitado del sistema informático que ejecuta el sorteo. Por ende, ninguna causa podía ser reasignada. Aunque la tecla para iniciar un sorteo se acciona en Casación, la operación de ese sistema depende del Consejo de la Magistratura, que fue otro de los grandes afectados por el fallo de la Corte. Ese organismo fue el que aprobó la transformación del tribunal oral criminal 10, que juzga delitos comunes (como los robos), en el tribunal federal 9, con el voto de una mayoría simple de sus integrantes, en este caso del oficialismo macrista y sus aliados. Lo que hicieron fue apoyarse en un ley que impulsó Cambiemos y fue aprobada a fines de 2016, que establecía que cinco tribunales comunes serían federalizados y sus integrantes pasarían de fuero sin concurso ni acuerdo del Senado.

El TOF9 fue conformado en diciembre último y enseguida la entonces presidenta de Casación, Liliana Catucci, lo puso en funciones e indicó que ingresara al sorteo de causas. Empezó a recibir las causas más resonantes contra CFK, lo que generó dudas con el sorteo, dados los antecedentes que ya tenía la Casación en el tema, como cuando en 2011 se manipuló la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra con la expectativa de que el ex líder ferroviario José Pedraza evitara su detención. Aquel escándalo salpicó al actual presidente de Casación, Eduardo Riggi.

El pedido de habilitación a la Corte no fue resuelto hasta esta semana. El tribunal dijo, con el voto de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que se negaba a habilitar el TOF9 porque el método utilizado para conformarlo había eludido el mecanismo previsto en la Constitución. El Consejo tenía planeado aprobar en el próximo plenario la conversión de otros tres tribunales orales criminales (4, 7 y 18) en tribunales federales, algo que ahora debería quedar abortado. El oficialismo del Consejo ayer maldecía a los supremos. Los acusaban de haber cometido “un exceso” y de “desconocer atribuciones del Congreso para la organización de la justicia”. Por ahora los consejeros no ser reunieron, pero el presidente del cuerpo, Miguel Piedecasas, les notificó la acordada. La lógica es que descarten los nombramientos que tenían entre manos.

El texto de la Corte cuestionó el mecanismo de “traslado” del que viene echando mano el Consejo para poner a ciertos jueces en tribunales estratégicos. Lo hizo el mismo jueves de esta semana con el Leopoldo Bruglia, que era juez de tribunal oral, y le dio un traslado definitivo a la Cámara Federal, al lugar que había ocupado el destituido Eduardo Freiler. Pero no llamó a concurso. Lo mismo había ocurrido con Mahiques, a quien trasladó de la Cámara de Casación ordinaria a la Casación federal sin concurso ni acuerdo.

La Casación quedó expuesta por las sospechas que rodean a los sorteos de causas, lo que explica que en la resolución firmada ayer, cuando manda a sortear de nuevo los expedientes, dice que será con “resguardo de su publicidad y transparencia” y garantizando “el derecho de las partes de presenciar el sorteo”. También son un problema las designaciones irregulares, no sólo por el respaldo al TOF9 sino porque entre sus propias filas admitieron a Mahiques. Con un planteo tan explícito de la Corte, la mayoría reconoció ayer que tendrá que revisar la situación de ese juez. Mahiques es un apellido que se repite en tribunales y en el Gobierno. Uno de sus hijos es fiscal de Comodoro Py, otros dos trabajan en el Ministerio de Justicia, y uno de ellos, Juan Bautista Mahiques, es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo.

Catucci, quien había invitado al TOF9 a comenzar a trabajar sin habilitación, defendió aquella decisión, y también la respaldó Riggi. Señalaba que la Corte había aceptado habilitar el TOF7 pese a que uno de sus jueces, Guillermo Yacobucci, también fue nombrado con un traslado.

Si los nuevos sorteos no avanzan rápido, algo deberá hacer Casación. Ayer ya se presentaron los abogados de CFK y Oscar Parrilli recordando que la causa del Memorándum tiene detenidos y requiere un tribunal oral. Si no les conceden un sorteo manual, quieren conocer todas las garantías de que no está digitado y que todos los tribunales orales tienen chances equitativas de ser los elegidos.