“Es una victoria del campo popular”, asegura Roberto Samar sobre el fallo de la Cámara de Casación que revocó ayer la prisión domiciliaria del genocida Miguel Etchecolatz. En el año 1999, cuando todavía estaban vigentes las leyes de impunidad y los indultos, Samar se cruzó con el represor en una plaza de Córdoba y Anchorena e improvisó un escrache junto a sus amigos. La situación terminó con Etchecolatz apuntándolos con un arma de fuego en plena vía pública y una causa judicial por amenazas que nunca prosperó.

–¿Cómo recibió la noticia del fallo de la Cámara de Casación?

–Fue una bocanada de aire en este contexto actual en el que está avanzando de forma tan terrible la violencia institucional y las violaciones a los derechos humanos. Que ahora vuelva a una cárcel común un genocida responsable de torturas y campos de concentración es una victoria del campo popular, producto de la lucha colectiva que encarnan las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Sin la lucha incansable de ellas esto seguramente no sería posible.

–¿Qué recuerdo le queda de aquel cruce con Etchecolatz en 1999?

–Lo más interesante de aquella situación era el nivel de impunidad con el que se manejaba esta gente en la década del 90. Los tipos no solo gozaban de libertad absoluta sino que se sentían autorizados de poder pasearse armados y amenazar gente con un arma. Nosotros estábamos paseando con unos amigos en una plaza. Todavía estaban vigentes las leyes de impunidad y los indultos. Entonces cuando nos lo cruzamos improvisamos un escrache como una forma de repudio. Fuimos a comprar unos huevos porque estábamos indignados de que él este ahí pero lo que no nos esperábamos es que él estuviera armado y que sacara un revolver en la plaza y nos apuntara. Eso desencadenó después en que iniciáramos un juicio por amenazas con arma de fuego. Como era otro tiempo político el juez interpretó que no había elementos suficientes para condenarlo a Etchecolatz.

–¿Cómo ve la situación de los derechos humanos durante este gobierno?

–Lamentablemente estamos viviendo terribles retrocesos. Si no se ha retrocedido más no tiene que ver con el Gobierno sino con que siga el compromiso de un pueblo activo que sigue defendiendo las banderas de memoria, verdad y justicia. Todos los gestos que hace el gobierno nacional tienen que ver con legitimar la violencia institucional como cuando cuestiona el número de los 30.000 desaparecidos o la ministra Patricia Bullrich da esas declaraciones justificando los casos de gatillo fácil. Eso da cuenta de un modelo de Estado autoritario que lo que hace es legitimar la violencia institucional. Y en esa línea se inscribe también que se avance o se busque avanzar con la impunidad también para los genocidas.