Alegatos de cierre por el juicio contra Los Monos
Los planes criminales de la banda
Quedó firme el reclamo de condena a 41 años a Machuca y 10 para el Viejo Cantero. Para Guille, el pedido pasó de 24 a 26 años y medio de cárcel. Hubo otros pedidos en cinco casos más.
Los acusadores Fernández Bussy y Luis Schiappapietra.Los acusadores Fernández Bussy y Luis Schiappapietra.Los acusadores Fernández Bussy y Luis Schiappapietra.Los acusadores Fernández Bussy y Luis Schiappapietra.Los acusadores Fernández Bussy y Luis Schiappapietra.
Los acusadores Fernández Bussy y Luis Schiappapietra. 

La Fiscalía solicitó penas unificadas que llevan a un pedido por más años tras las rejas para algunos de los imputados. En ese sentido, exigió 26 años y medio para Ariel "Guille" Cantero, por una sentencia anterior en su contra. En tanto, mantuvo el pedido de pena para Ramón "Monchi" Machuca, en 41 años, y 10 para su padre de crianza, Máximo Cantero; pero sorprendió al solicitar la absolución del ex policía de la Dirección de Control de Adicciones, Cristian Floiger, por no encontrar pruebas suficientes en su contra, pese a que en noviembre había pedido seis años. Otros miembros también enfrentan pedidos de unificación que elevarían las penas. "No todos apretaban el gatillo, no todos limpiaban los rastros, ni decidían cómo invertir", dijo el fiscal Gonzalo Fernández Bussy al asignar diferentes roles a los imputados por asociación ilícita. Además, aseguró que no pone en duda la imparcialidad del juez Juan Carlos Vienna, acusado por la defensa de tener un vínculo con Luis Paz, padre de Martín "Fantasma" Paz, por cuya muerte se inició la investigación al clan. Y defendió el trabajo de los policías de la División Judiciales. Esta tarde, será el turno de las defensas y algunos imputados ya adelantaron que tienen cosas para decir.

En el inicio del alegato, la Fiscalía solicitó que el Tribunal rechace los pedidos de nulidad e inconstitucionalidad que hizo la defensa durante el juicio y modificó algunos pedidos de pena. Así, quedó firme la solicitud de condena a 41 años contra Machuca, por jefe de la asociación ilícita y autor intelectual de cuatro homicidios; y 10 para su padre de crianza, como fundador y jefe del clan. En tanto, las modificaciones llegaron para Guille, sobre quien al principio se pidieron 24 años y ahora, 26 y medio; Leandro Vilches y Emanuel Chamorro, a 14 años; Lorena Verdún, 7 años y un mes; para el policía Juan Dalmastro, pidieron 13 años, unificado con la condena como partícipe del crimen de Lourdes Cantero; y 9 años y medio para el policía Juan José Raffo. Para los demás acusados se mantuvo el pedido de pena de noviembre pasado.

Para los acusadores Fernández Bussy y Luis Schiappapietra, la asociación ilícita que le achaca a la banda "era una estructura celular". En ese sentido, le atribuyeron roles específicos a cada uno de los imputados: El Viejo Cantero fue acusado como "fundador y uno de los jefes" de la banda. "La acusación se basó en escuchas con su hijo de crianza Ramón "Monchi" Machuca (para quien piden 41 años). Ambos solían frecuentar los mismos lugares. Máximo evaluaba el trabajo realizado por Monchi: 'Dale, está bien lo que estás haciendo', le dice en una escucha". En cuanto a Monchi, lo acusaron por su rol de "jefe con capacidad para dar órdenes a otros miembros que cumplían. Se encargaba de la formación de inteligencia; orquestaba los planes criminales de la banda, como los homicidios de Lourdes (Canteros) y (el ataque contra los) César y Alomar", dijo el fiscal. También le atribuyeron contacto asiduo con los policías sindicados.

"Esta banda alteró la tranquilidad a través del uso indiscriminado de

la violencia".

En tanto, a Guille Cantero también se lo considera jefe. "Lotito dijo que cuando lo conoció en el cumpleaños de una de sus hermanas, éste le dijo que cualquier problema lo llamara a él, porque solucionaba todo con la mirada. Y otros mensajes hacían referencia a las miradas de Guille, que infundían temor", dijo el fiscal. Además, le achacó estar "en contacto con el sindicado brazo armado: esbirros, ejecutores, violentos. Leandro Vilches, Emanuel Chamorro y Angel Villa le rendían cuenta del dinero ganado y recibían armas de su parte, que después le tenían que devolver".

"La existencia de una asociación ilícita perturba la tranquilidad pública y es un peligro que genera alarma colectiva y temor. Esta banda alteró la tranquilidad a través del uso indiscriminado de la violencia, que es uno de los objetos fundacionales y en ella persiste el supuesto de otro negocio", dijo el fiscal Fernández Bussy. "Todos colaboraban para que los objetivos de la organización se cumplan: ocupar territorio, brindar protección, manejar la violencia". Incluso, dijo que antes de la investigación, la banda "llevaba un fuerte grado de permanencia. En la asociación ilícita no se castiga la participación del grupo, sino el formar parte, con independencia de los delitos individuales de cada uno. No es necesario que se cometa un ilícito para que se hable de asociación ilícita. Pertenecer es no solo sentir como propio el objeto de la organización, sino también disfrutar de los beneficios".

El fiscal le advirtió a los jueces: "No tenemos un contrato social ni firma de Machuca o Guille para el aporte a la sociedad, pero sí se puede probar la acreditación de la existencia por medios indirectos e indiciales, para develar a la organización que pretende permanecer oculta".

Las escuchas volvieron a ser motivo de la controversia: el fiscal quiso reproducir audios ya expuestos, y las defensas protestaron. El juez Ismael Manfrín tuvo que frenar la audiencia para hablar con las partes y ordenar el debate. "Se reprodujeron más de 300 audios en este juicio. Trajimos testigos fundamentales para que arrojen luz", dijo el fiscal, que apuntó a la validez y fundamento para ordenar las escuchas, por parte de Vienna y la jueza Raquel Cosgaya.

La pata policial fue otra de las cuestiones a las que apuntó la Fiscalía, pero desligó a uno de los acusados. Cristian Floiger era el máximo responsable de Inteligencia de la ex Drogas Peligrosas cuando fue detenido en junio de 2013, por presuntos vínculos con la banda. Sin embargo, ayer la Fiscalía sostuvo que "no pudo ser comprobada su culpabilidad".