Cuatro policías que llegarán a juicio por la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi deberán enfrentar cargos más gravosos. El revés judicial para los agentes que estuvieron a cargo de la investigación durante los primeros momentos, llegó por parte de la Cámara Penal, que revocó el sobreseimiento dictado en primera instancia por los delitos de sustracción y destrucción de pruebas y falsedad ideológica, que ahora se sumaron a los de encubrimiento e incumplimiento de funcionarios públicos. Así lo resolvió el camarista Carlos Carbone en los casos de Gabriel Godoy, Jorge Krenz, María José Galtelli y Aldo Gómez, que permanecen con prisión domiciliaria.

En el fallo, el magistrado revocó el sobreseimiento (por dos delitos) de los policías de San Lorenzo acusados de hacer desaparecer material probatorio para entorpecer la investigación y encubrir el crimen, con el fin de desviar la atención de los principales acusados, cuando la desaparición de Paula estaba caratulada como búsqueda de paradero, en septiembre de 2011.

Los acusados más complicados en la causa son el empresario Gabriel Strumia (quien era amante de Paula) y el comisario Adolfo Daniel Puyol, acusados de "aborto seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad". Es que la investigación de la Fiscalía y los abogados querellantes permite decir que Paula estaba embarazada de pocas semanas, como fruto de su relación extramatrimonial con Struamia, quien no quería ese hijo.

Entre las pruebas que desaparecieron del expediente hay un casette con la grabación de una llamada telefónica realizada desde la finca de Strumia cuando estaba intervenida la línea. En ese audio, que fue escuchado por los padres de Paula, la voz de una mujer clama por ayuda. Sin embargo, Alberto y Alicia aseguraron que la voz de la persona que estaba del otro lado de la línea no sonaba a la de su hija.

Otros hechos en los que tuvieron responsabilidad los policías son la ausencia de una carta dirigida a Darío Ortiz (amigo de Strumia) firmada por la víctima; las demoras para conseguir la filmación de un locutorio donde fue hecha una llamada telefónica de importancia (que hubiera servido para develar o no la presencia de algunos de los coimputados), y hasta el rastrillaje desencadenado por el testimonio de Roxana Michl, esposa de Strumia, y su hijo menor, quienes aseguraron haber visto a la joven desaparecida en una garita de colectivos.

Este procedimiento tuvo como resultado la obtención de ropas pertenecientes a Paula, las que según el fiscal fueron plantadas y que para el juez "puede ser el fruto de una maniobra prefabricada para enlodar la investigación contra los sindicados por los delitos en contra de Paula Perassi y en la cual pudo inmiscuirse personal policial para tal armado".

La semana pasada, cuando se realizó la audiencia de apelación pedida por los querellantes y la Fiscalía, para que los policías lleguen a juicio acusados por los cuatro delitos endilgados, Alberto fue claro: "La causa se podría haber resuelto en las primeras semanas si no fuera por la policía. Sin embargo, ya pasaron seis años y medio".