Vecinos de Parque Patricios, autoridades porteñas y representantes de la firma Establecimientos Campana SA volvieron a reunirse para definir el destino del edificio donde funcionó el Cine Teatro Urquiza. Fue ayer, en el marco de una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad, la tercera desde que comenzó la lucha de la comunidad por recuperar un espacio que devolvería vida cultural y social al barrio. La empresa propietaria presentó un “croquis preliminar, un anteproyecto”, según informó a PáginaI12 Octavio Martín, uno de los vecinos que impulsó la recuperación. “Nos gustaría ver un proyecto más concreto. Quedamos en analizarlo y acercar sugerencias. Solamente vimos dibujos y posibilidades de funcionamiento”, indicó. El 18 de abril se desarrollará una nueva reunión.

La lucha lleva más de cuatro años. En 2013, el viejo cine estuvo a punto de ser demolido, pero los vecinos lograron impedirlo. Juntaron firmas, hicieron abrazos simbólicos, presentaron proyectos de ley. Ahora, ellos y la empresa propietaria continúan con una negociación que comenzó el año pasado en el Tribunal. La firma debía presentar un proyecto que atienda a los intereses de ambas partes el 8 de este mes. Recién ayer llegó a la audiencia con un anteproyecto, del cual mucho no se puede deducir. Lo que se sabe es que el cine-teatro contaría en el futuro con tres salas y una capacidad de más de 600 butacas. Sobre él, se construirá un edificio de oficinas de nueve pisos. Establecimientos Campana presentó su propuesta a la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur), organismo que tiene la última palabra para la aprobación, y que en dos ocasiones anteriores rebotó los planes de la firma, como ocurrió también con el Consejo de Plan Urbano Ambiental (Copua). Fue porque no se adecuaban a la Ley Nacional de Teatros y el Código de Edificación.

“A futuro tendremos que pensar un proyecto de ley que garantice el funcionamiento cultural del espacio. El privado piensa en la participación del Estado en la gestión”, puntualizó Martín. Además, resaltó otras dos cuestiones del encuentro con la jueza Alicia Ruiz: la ausencia de representantes de la Procuración General de la Ciudad, que había sido citada y sí estuvo en las dos audiencias anteriores, por un lado. Por el otro, los vecinos exigieron a la empresa que desista de la demanda por daños y perjuicios contra dos de ellos. “Dicen que no lo harán hasta que aprobemos lo que están haciendo; así que sigue siendo un apriete. Si hay buena voluntad, no es necesario ejercer presión en quienes defienden un interés cultural y social”, opinó Martín. En asamblea, la comunidad debatirá sugerencias para acercar al TSJ antes de la próxima audiencia.