Son 592 las causas judiciales por delitos de lesa humanidad. La mitad permanece en etapa de instrucción, es decir, de investigación. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la cifra “se ha mantenido estable en los últimos tres años porque las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la tramitación hasta la elevación a juicio, lo cual implica que la mayoría de las causas en trámite están muy lejos de obtener sentencia”.
De la otra mitad, unas 280 están estancadas en algún hito del proceso penal. 103 han sido elevadas a juicio, contabiliza el Informe Estadístico sobre el Estado de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad, actualizado hasta el mes en curso. El dato alarmante en relación con este grupo es que de ese centenar y cuarto, solo seis cuentan con fecha de inicio del debate oral. Otras 15 se encuentran en pleno juicio. Las causas que ya cuentan con una sentencia son 203, de las cuales 136 están recurridas por lo que están en análisis en alguna instancia.
Solo 60 causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cumplieron lo que la Procuraduría llama “trayectoria completa” en el proceso penal, un camino que comienza con el pedido de elevación a juicio y culmina con la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Solo esas pocas son indiscutibles.
Esa magra cifra no es el único elemento que enciende la alarma. Según la unidad especializada, las causas de lesa tardan 5 años y 6 meses en avanzar desde la elevación a juicio hasta la sentencia firme. Las instancias que más demoran son el inicio del debate y la confirmación de las sentencias por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. Los expedientes duermen ahí casi dos años, mientras que, en promedio, un juicio oral por delitos de lesa humanidad tarda un año y 8 meses en comenzar una vez que cuenta con la orden del juez que investigó el expediente. Al ritmo que camina la cosa, suponiendo que se presente el requerimiento de elevación en 2018 en todas las causas en instrucción el cálculo se pierde en el horizonte de lo posible: los procesos abiertos terminarían en 2024.
