El empresario Lázaro Báez deberá seguir en prisión mientras espera el juicio oral como protagonista de presuntas maniobras millonarias de lavado de dinero. Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) que tendrá a cargo el debate, con 25 acusados en el banquillo. Los tres jueces -Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñíguez- sostuvieron, aunque con diferentes enfoques, que no desaparecieron los peligros procesales (de fuga y entorpecimiento de la investigación), que la causa es compleja, la pena en expectativa es elevada (el máximo de la escala penal puede superar los ocho años y el mínimo no permitiría una pena en suspenso) y que Báez tiene una alta capacidad económica obtenida durante los hechos que se le atribuyen, además de que se registraron aprietes a testigos. Por todo esto aplicaron una prórroga de un año a la detención.  

Hoy se cumplen dos años desde que Báez fue apresado. Es lo máximo que se puede pasar en prisión a la espera de un juicio salvo excepciones, y lo que explica que haya pedido una nueva definición sobre su situación. Cuando lo detuvieron, por orden del juez Sebastián Casanello, estaba arriba de un avión de la firma Top Air S.A, que en un 49 por ciento pertenece a Austral Construcciones, de Báez. Ese avión no tenía el plan de vuelo y faltaban dos días para la indagatoria. Lo apresaron en el aeropuerto de San Fernando. En ese momento el juez evaluó una serie de riesgos, que incluían la cantidad de vehículos a su alcance y posibles contactos para burlar controles. También su capacidad económica. Los jueces del tribunal oral, analizaron que la causa se demoró en llegar a juicio por su complejidad, la cantidad y características de los hechos y personas, más los recursos que fueron presentado las partes, pero no está demostrado que hayan existido demoras injustificadas del juzgado.

Según recuerda la resolución Báez llega a juicio por “haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos entre 2010 y 2013…” Luego señala que se usaron fondos para adquirir bienes en el país y el exterior con procedimientos financieros complejos para expatriar al menos 60 millones de dólares, para reintroducirlos en el mercado local. En el contexto del este expediente el llamado “delito precedente”, que origina el dinero sucio”, está principalmente en el hallazgo de facturas truchas. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) les envió a sus colegas del 4 la causa sobre la obra pública, donde está acusada Cristina Fernández de Kirchner, pero ellos rechazaron la conexidad. Ahora decidirá la Cámara de Casación. Por lo pronto, la causa queda dirigida a actores del sector privado.

En un tramo de la resolución, se alude a la posibilidad de que el juicio se haga en el segundo semestre de este año. En tribunales hay quienes ponen en duda esa posibilidad.