Algunas de las caracterizaciones que describen las transformaciones político‑sociales de las últimas décadas, en la actual fase capitalista de acumulación económica, han sido la creciente brecha de desigualdad social y polarización del ingreso, la descentralización político‑económica, la expansión del libre mercado, el surgimiento de (micro y macro) economías paralelas y la articulación de circuitos legales e ilegales, en ciudades de diversas escalas. Se trata de un fenómeno a escala global que en Argentina tiene sus propias manifestaciones en distintas ciudades del país.

Esta lectura de la complejidad de las ciudades con grandes contrastes, representa un punto de partida para trazar un análisis respecto de lo que el Estado, en sus distintos niveles, ha podido actuar en los últimos años para transformar las desigualdades que subyacen en los territorios urbanos.

Las antropólogas Silvia Alucin y Gabriela González, investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario, desarrollan líneas de estudio que ponen el foco en las intervenciones que el Estado viene implementando en pos de la integración social y territorial en tres distritos de la ciudad de Rosario (sur, sudoeste y noroeste). Para esto, analizan el desarrollo de políticas públicas que tienen anclaje en instituciones estatales ubicadas en esas áreas urbanas, principalmente en escuelas y en Centros de Convivencia Barrial donde se ejecutan políticas alimentarias, socioeducativas, culturales‑recreativas destinadas a primera infancia, segunda infancia, juventud y adultos mayores.

El objetivo central es analizar las implementaciones de dichas políticas, proceso en el cual adquieren múltiples matices, tanto en su caracterización, en las diversas maneras en que son implementadas y en las relaciones que las mismas contribuyen a construir.

Para esto, las investigadoras parten del enfoque de la antropología de las políticas públicas, cuya potencialidad radica en poder abordar algunos de los interrogantes/problemas que marcan a nuestras sociedades en el presente, reflexionar acerca de las transformaciones aludidas, en nuevos patrones socio‑económicos y racionalidades de gobierno. Por medio de técnicas cualitativas, como la observación participante, los estudios de la política tienen el potencial de poder analizar y dar sentido a las interpretaciones y definiciones en conflicto que las políticas tienen para los actores situados en distintos lugares.

Desde esta perspectiva, "las políticas públicas contribuyen a delinear subjetividades y delimitan relaciones en las cuales los individuos son categorizados y objetivados. La formulación de las mismas no está exenta de conflictos y su aplicación suele ser aún más compleja, ya que una vez elaboradas entran en una red de relaciones con distintos actores e instituciones, instancia en la cual se pueden generar efectos inesperados, en este sentido las políticas públicas tienen agencia propia".

El impacto territorial de los CCB

En Rosario existen actualmente 30 Centros de Convivencia Barrial, espacios socio‑educativos descentralizados que dependen de la Secretaría de Desarrollo Social y se ubican en distintos barrios de la ciudad. Cada espacio atiende las particularidades de cada territorio por medio de políticas focalizadas que son propuestas desde la Secretaría, sin embargo, en su implementación, cada CCB posee un desarrollo propio acorde a la población con la que trabaja, los recursos con los que cuenta y la cantidad y posibilidades/limitaciones de sus trabajadores. Estas características conllevan que no pueda efectuarse un diagnóstico general de su impacto y del abordaje que realizan, en tanto cada CCB posee ciertas singularidades que le son propias.

Según González, estos espacios hoy cumplen múltiples funciones: "No se trata de acotar la mirada en presencia en sí de estos espacios, también hay nuevas articulaciones en lo social, lo educacional, la salud, el deporte, la recreación, con una mayor injerencia de las políticas públicas. El tema es cómo se da ese vínculo entre las instituciones y los sujetos u organizaciones con las que el Estado articula/media, eso varía en cada barrio". De aquí se desprende que los contextos y trayectorias de cada barrio en los que la política se focaliza son centrales en todo análisis.

En ese marco, algunos trabajadores argumentan que la implementación de políticas focalizadas contribuye a reforzar ciertos imaginarios de estigmatización de los barrios y de quienes allí viven, mientras que otros plantean que tales políticas facilitan los procesos de inclusión, porque "acercan el Estado a la gente" y se abren a las demandas de cada lugar.

"Más allá de estos diferentes posicionamientos la mayoría coincide en marcar la falta de recursos para concretar los objetivos encargados, la existencia de problemas de coordinación entre los distintos niveles administrativos y los diferentes programas", remarca la antropóloga, y agrega: "Existe una distancia en lo que refiere al diseño de una política determinada y su implementación, allí se ponen en juego tanto las características propias de cada contexto como los intereses de los sujetos involucrados, los horizontes de posibilidad de las mismas, las demandas preexistentes y las emergentes, etc.. Se hace necesaria una lectura más en profundidad de lo que está sucediendo en los territorios, para que las políticas puedan trascender el orden asistencial y adquieran ese componente integral, que es aquel que se promueve desde los CCB".

Inserción socio‑educativa

Como complemento de este abordaje, Silvia Alucin, antropóloga de la UNR y becaria posdoctoral de CONICET‑IRICE, centra su análisis en la implementación del Plan Vuelvo a Estudiar de la provincia de Santa Fe, focalizándose en la línea territorial del programa.

De acuerdo a cifras publicadas por "Le Monde Diplomatique", en el año 2010 en Santa Fe, del total de la población estudiantil del nivel medio sólo el 45% egresaba en tiempo y forma, el 14% egresaba un tiempo después y el 41% no egresaba. En 2013 el gobierno provincial implementó el plan "Vuelvo a Estudiar", dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad que han abandonado la escuela, pero no tiene margen de edad por lo que también se trabaja con adultos.

El plan consta de dos etapas, en la primera los equipos territoriales, organizados en duplas, toman contacto con la lista de jóvenes que han dejado la escuela en el año anterior, la misma es proporcionada por el Sistema de Gestión Administrativa Escolar. Simultáneamente se contacta a cualquier otro interesado cuya información llegue a través de vecinos o instituciones del barrio, los buscan uno por uno, a través de visitas domiciliarias.

En este sentido la focalización es abierta, en contraposición al efecto de "cuello de botella" que tenían los programas de becas, esto se ve reflejado en la cantidad de destinatarios, en la variedad de sus edades y situaciones. Desde 2013 a 2017 se han incluido a más de 18.000 personas en el nivel secundario en toda la provincia.

En la implementación de este programa, "el actor principal es el consejero que hace el trabajo territorial, cada grupo de ellos ha hecho distintos vínculos pero mayoritariamente como base de operaciones han optado por los CCB. Ahí coordinan junto a otros programas y políticas que allí funcionan, con educadores de juventud, con el Programa Nueva Oportunidad y a su vez hay un gran trabajo con las escuelas de los territorios, con los centros de salud. La implementación depende de las relaciones, de los vínculos que se pueden establecer", explica Alucin.

Por otro lado, la investigadora destaca el trabajo etnográfico como herramienta metodológica, la observación participante o participación observante: "Esto nos permite analizar cómo se construyen estas políticas día a día, siguiendo un supuesto que es más teórico que tiene que ver con que el Estado no es un ente abstracto sino que se construye a través del accionar de agentes concretos que son los que le dan vida en el territorio. Y por supuesto sumar algo a la construcción del territorio, que haya una transferencia, no solo observar y publicar artículos. A mí me interesa la perspectiva del agente estatal".

Para Alucin, "el plan Vuelvo a Estudiar tiene buenos resultados para lograr la inclusión de los jóvenes que han abandonado la escuela, ya sea revinculándolos con esta o insertándolos en un entramado institucional alternativo". Porque este tipo de intervención territorial e integral posee una ventaja por encima de las intervenciones que se reducen sólo a la transferencia económica, al acompañamiento pedagógico o la reforma curricular. "El trabajo cotidiano de los consejeros nos muestra que deben lidiar con problemáticas vinculadas a la segregación urbana, la violencia, la pobreza, el abuso policial, la discriminación, el consumo de sustancias, la delincuencia, porque todas ellas dan forma a la exclusión y a la desigualdad educativa. Por ello la necesidad de actuar sobre todas estas dimensiones para revertir la situación".