En plan de “rascar la olla” para ver cuáles son las últimas acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner que se pueden poner en la tapa de los diarios, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se despacharon esta semana con un pedido de indagatoria por los contratos entre Aerolíneas Argentinas-Austral y el hotel Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner. La primera contratación del Alto Calafate data de 2007, cuando Aerolíneas no era estatal sino de Marsans y el hotel no era de los Kirchner, que lo compraron en 2009. El hotel fue elegido por pedido de las tripulaciones tras la realización de un concurso, régimen que se continúa utilizando hasta hoy. Es más, en el último concurso nuevamente el precio más bajo fue el del Alto Calafate, pero la conducción de Aerolíneas dispuso otorgarle el contrato al hotel Esplendor, de la familia Braun.

El caso de la empresa aérea siempre fue parte del expediente Hotesur, una causa basada en la hipótesis de que la familia presidencial cobraba alquileres –en este caso por el hotel– y esos alquileres no eran reales sino que escondían coimas de Lázaro Báez por privilegios en la obra pública. Ni los fiscales ni los magistrados pudieron probar que los alquileres fueran simulados o que los montos estuvieran fuera de precio.

Hay temas más de fondo discutidos en la Argentina y en muchos otros países y que tienen que ver con la administración de los bienes privados de un presidente. La polémica está instalada en Estados Unidos, por ejemplo, donde Donald Trump utiliza sus propios hoteles y resorts en viajes oficiales, lo que promociona sus emprendimientos. También fueron notorios los debates en Chile por la compra y venta de acciones de Sebastián Piñera, quien puso en un fideicomiso ciego 400 millones de dólares, pero operó sobre bienes que no estaban en ese fideicomiso.

Respecto de Mauricio Macri las polémicas y acusaciones son descomunales. Por de pronto, vendió Mac Air a Avianca, a quien de inmediato le dieron decenas de rutas. Otro tanto ocurrió con la empresa de peajes de la familia presidencial: se vendió luego de un espectacular aumento de tarifas. En paralelo, desde el principio del mandato de Macri se menciona que puso sus bienes en un fideicomiso ciego, pero nunca quedó en claro. El patrimonio del mandatario entró en un terreno de aún más opacidad después que se revelara que su hermano blanqueó 622 millones de pesos.

En su momento, la familia Kirchner fue denunciada por alquilar el hotel Los Sauces a Juan Carlos Relats, un empresario de Santa Cruz que también era contratista de obra pública. El expediente terminó con el sobreseimiento de los Kirchner en 2011, un fallo que dictó Julian Ercolini, uno de los jueces que encabeza ahora la ofensiva contra la ex presidenta y su familia. Lo asombroso es que Ercolini sostuvo que un presidente tiene derecho a administrar sus bienes personales, que no había delito en alquilarle a un contratista de obra pública y que incluso el valor del alquiler era un dato relativo ya que alguien puede alquilar más barato para promocionar un hotel o alquilar más caro aprovechando alguna ventaja.

El Alto Calafate fue comprado por los Kirchner y el único cambio que se hizo fue que el hotel empezó a ser administrado por la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez. Los Kirchner no se dedican al negocio hotelero sino que únicamente alquilan propiedades, por lo que le alquilaron el hotel entero a  Valle Mitre. En 2009 Aerolíneas hizo un nuevo concurso de precios que otra vez fue ganado por el Alto Calafate, que se impuso en ambas categorías, el precio y la elección de los tripulantes. El precio se mantuvo durante cuatro años. En 2012 se renovó otra vez hasta 2014. En el medio, en 2013, Valle Mitre dejó la administración y pasó a manos de Idea S.A., de Osvaldo Sanfelice. En 2014 se hizo otro concurso de precios en el que dos hoteles, el Xelena y el Alto Calafate, pasaron la selección de las tripulaciones y Alto Calafate ganó en el rubro precios.

Este mismo gobierno hizo un nuevo concurso, en mayo de 2016, en el que otra vez Alto Calafate puso el precio más bajo, 1049 pesos por noche. También concursaron el Esplendor, que cotizó 1.150 pesos y el Xelena, 1.397 pesos. Pese a esos datos, la administración de Aerolíneas eligió el Esplendor, de la familia Braun. Los Kirchner iniciaron una demanda por esa decisión.

El dúo Pollicita-Mahiques trató de darle espectacularidad a su pedido de indagatoria argumentando que la familia de la ex mandataria cobró 16 millones de pesos por 26.000 noches alquiladas a Aerolíneas-Austral entre 2009 y 2015. Los Kirchner no cobraron por esas habitaciones, sino que su alquiler era de todo el hotel y por un valor mensual. Aún así, el cálculo es que se pagó unos 615 pesos por habitación y por noche, un precio que no parece desusado para Calafate y está bastante en línea, inflación mediante, con el concurso realizado por la actual administración en 2016.

Según el prorrateo que calculó PáginaI12 al principio de la causa Hotesur, el alquiler cobrado por los Kirchner equivalía a unos 129 pesos por noche y por habitación. Ningún fiscal o juez cuestionó esta cifra: no la consideró artificial y nadie pudo siquiera argumentar que es un precio inflado para ocultar una coima. Todos los alquileres fueron facturados, depositados en bancos y declarados en la AFIP.

Uno de los problemas con los que se encontraron siempre los fiscales es que nunca a los Kirchner se les encontraron cuentas en el exterior, sociedades ocultas ni las famosas bóvedas de las que tanto se habló.

El pedido de indagatoria es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y quien debe resolver es el juez Ercolini. Los fiscales también quieren que declaren como imputados los ex titulares de la aerolínea Julio Alak y Mariano Recalde, pero aprovecharon para involucrar además a Axel Kicillof, que estuvo al frente de las finanzas de Aerolíneas. Le pidieron la indagatoria justito el día antes de la visita de Luis Caputo al Congreso. Casualmente el funcionario tenía que explicar el hallazgo de cuentas en el exterior, sociedades en paraísos fantasmas y fabulosas cifras sin declarar ante la AFIP.

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