• El día previo a la represión en la Pu Lof recibió en su despacho al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. “Estuve en el juzgado federal de Esquel, y ese día había quedado en ir a verlo” (a Otranto), admitió el propio Noceti.
  • No interrogó al músico chileno reprimido a pocos metros de Santiago, Nicasio Luna, cuando éste acudió a buscar sus documentos al juzgado.
  • “Vos venís por la plata”, le dijo Otranto a Ariel Garzí, amigo de Santiago, cuando el 7 de agosto acudió en forma espontánea a relatar que había recibido una llamada desde el celular de Maldonado el 2 de agosto. “No, vengo porque quiero que aparezca mi amigo”, le respondió Garzí al juez, y a los pocos días lo denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y “omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes”. El magistrado no sólo no le pidió el celular para verificar la llamada, sino que también ignoró el pedido de protección que le hizo el testigo, dado que había sido víctima de cinco episodios de hostigamiento por parte de la policía, desde enero de 2017 cuando fue reprimido ferozmente en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Esa denuncia duerme en un cajón de la fiscalía de Silvina Avila, cuya secretaria es la esposa de Otranto, Rafaela Riccono.
  • El 18 de septiembre Otranto sí bajó al territorio y encabezó un procedimiento de enormes dimensiones, con numerosos agentes de fuerzas de seguridad y policiales, drones y el GEOP. A Sergio Maldonado, hermano de Santiago, le impidieron el paso en uno de los retenes de la ruta 40. Dos de los testigos fundamentales del caso estuvieron doce horas tirados en el piso con las manos atadas. “Estaba Gonzalo Cané (funcionario del Ministerio de Seguridad), charlando con el oficial mayor de la Policía Federal, con el juez Guido Otranto y a cinco metros estos muchachos, una escena de la dictadura”, relató Julio Saquero, de la APDH.
  • Tres días más tarde, cuando los mapuches aparecieron en su juzgado, tras la quema de casas en Vuelta del Río, Otranto los acusó a ellos de tener “escondido” a Maldonado para justificar la saña de los operativos.
  • “El criterio soy yo”, respondió el juez Otranto a los mapuches y a los militantes de derechos humanos que le pedían tiempo para consensuar los términos del ingreso al territorio, tal como establecen las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, incorporadas a la Constitución Nacional.