Las tres postergaciones que sufrió el inicio del tercer juicio que en Santa fe se lleva a cabo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario no fueron gratuitas para las víctimas, para sus familiares, para la causa en sí. El debate oral cuenta, desde que finalmente comenzó el jueves pasado, más de un año después de la fecha originalmente estipulada, con un imputado menos. Y no es cualquier imputado. La semana anterior, el capellán de la Policía Eugenio Zitelli falleció sin siquiera dar explicaciones ante un tribunal por los hechos de los que fue imputado. No obstante, el Ministerio Público Fiscal insistirá en desarrollar durante el juicio los casos por los que fue acusado. “Habiendo o no habiendo imputado a quien condenar, subsiste el derecho de las víctimas a obtener una respuesta del Estado por crímenes que sufrieron, por los crímenes que el mismo Estado cometió”, analizó el fiscal federal del juicio, Adolfo Villate.

Feced III, como se conoce a éste tramo de todo el proceso judicial que investigó los hechos sucedidos en la sede rosarina del Servicio de Investigaciones de la Policía de Santa Fe durante la última dictadura cívico militar y los actores que participaron de ellos, es el más importante de los tres que lo integran y también el que más demora acumuló entre su elevación a juicio y el comienzo del debate. 

El juicio oral tenía fecha original de inicio en marzo de 2017, pero la integración multiterritorial del Tribunal Oral Federal de Santa Fe se resquebrajó pocos días antes del inicio. Entonces, comenzó la discusión entre el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, y la Cámara Federal de Casación Penal respecto de su designación al frente del TOF. El juicio fue pospuesto dos veces más por motivos similares. La última vez, en marzo pasado. Finalmente, el debate comenzó el jueves 5. Los jueces que integran el TOF 2, Lilia Carnero, Eugenio Martínez y Aníbal Pineda, respondieron satisfactoriamente el reclamo primordial de las querellas: que el debate tenga audiencias semanales en lugar de quincenales, tal como estaba previsto previamente. 

La importancia del tercer tramo de la causa Feced radica en dos elementos. Es, por un lado, la que integra más cantidad de víctimas: 152 que fueron secuestradas, torturadas y, en algunos casos, desaparecidas, por el accionar de la estructura policial local. Son 13 ex policías los acusados: Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Daniel González, Ramón Ibarra, José Lo Fiego, Mario Marcote, Lucio Nast, Ovidio Olazagoitía, José Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara.

Pero hay otro dato más: esta causa fue, hasta el viernes 30 de marzo, la que iba a sentar en el banquillo de los acusados a Zitelli, el segundo integrante de la Iglesia católica en la historia que debía responder por su participación en el terrorismo de Estado. El primero, y por ahora el único, juzgado y condenado, es Christian Von Wernich. 

Zitelli fue capellán de la Policía de Santa Fe entre 1964 y 1983. Tras la caída de las leyes de Obediencia debida y Punto final, sobrevivientes del terrorismo de Estado en Rosario denunciaron ante la Justicia que, mientras estaban secuestrados en la sede del Servicio de Investigaciones policial, los había visitado Zitelli. Que le habían contado de las torturas y los maltratos y que éste, lejos de denunciar la situación o de ayudarlos, los había instado a que “confesaran” sus “crímenes”. 

“Para la Fiscalía la participación de Zitelli es equiparable a la de un torturador, de un secuestrador. Entendemos que allí, en el Servicio, la obtención de información de los secuestrados corría por dos caminos: uno era la picana y otro la utilización de roles como el de cura, de Zitelli, que los instaba a decir lo que los militares querían que digan”, explicó Villate. 

El ex capellán falleció el último viernes de marzo pasado. Según su abogado, agonizaba desde hacía días, ya no caminaba y tenía problemas cardíacos. Estaba imputado por 12 casos de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Sin embargo, a pesar de su fallecimiento, la Fiscalía intentará desarrollar esos casos durante el debate oral. Los testigos –varios entre los 322 que está previsto declaren ante el TOF 2– citados para aportar información sobre los casos que comprometían a Zitelli también serán consultados por casos que comprometen al resto de los acusados en el juicio, con lo cual intentará que hablen sobre la participación del ex capellán ya que “el derecho de las víctimas a obtener una respuesta de parte del Estado por los delitos que sufrieron es más importante” que la presencia física de un imputado.