La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los organismos querellantes en la causa federal por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, expresó su preocupación respecto del posible ascenso de quien fue el primer juez de la investigación, Guido Otranto. En particular, alertó sobre la tergiversación que hizo el magistrado sobre el hallazgo de una de las pruebas fundamentales, la gorra de Santiago, como reveló ayer PáginaI12. “Pone un velo de sospecha en una investigación que debe ser imparcial e independiente, esta situación dejó serias dudas desde el inicio”, expresó Gisela Cardozo, una de las presidentas de la APDH. 

Del contraste de las actas elaboradas por Otranto, por un lado, y el defensor oficial Fernando Machado y la división Drogas Peligrosas, por otro, surge que el magistrado informó públicamente a través del Centro de Información Judicial (CIJ) que la gorra beige que usaba el tatuador la entregaron los mapuches luego de sacarla de debajo de una “manta”. En cambio, Machado y los policías, así como los miembros de la comunidad donde Gendarmería reprimió el 1 de agosto y desapareció Maldonado, indicaron que la prenda estaba entre unos arbustos, “matas”, y que fue hallada por una mujer que no es del lugar, quien sería una de las empleadas de Otranto.

Este magistrado, que fue apartado del caso por prejuzgamiento y falta de imparcialidad por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, aspira a integrar el Tribunal Oral Federal de General Roca, y con el voto de todos los consejeros de la Magistratura, a excepción de Rodolfo Tailhade (FpV), quedó primero en la terna elevada al Poder Ejecutivo. En esta etapa, y hasta el 19 de abril, los organismos de derechos humanos fueron convocados para expresar su posición y la APDH adelantó a este diario que impugnará el pliego de Otranto ante la comisión de Acuerdos del Senado. 

“Desde nuestro lugar de querellantes encontramos que el sistema judicial no estuvo a la altura que la situación requería”, agregó María Elena Naddeo, desde APDH. “Hasta el 13 de octubre en que el nuevo juez ordenó apartar a Gendarmería y las fuerzas de seguridad del habeas corpus de Santiago, los mismos que debían ser investigados actuaban en la causa casi como si ellos fueran las víctimas, teniendo acceso a todas las pruebas y líneas de investigación”.

Norma Ríos, que también preside la Asamblea, recordó que se alarmaron “mucho cuando Otranto rechazó el habeas corpus preventivo, no esperábamos que el juez tenga un estándar tan reducido de las garantías constitucionales y en lugar de darles protección a los mapuches y defensores de derechos humanos hostigados por las fuerzas de seguridad, nos rechazara la protección argumentando que él no encontraba ningún cuestionamiento del accionar de Gendarmería”. Todos los abogados así como los miembros de la red de apoyo a comunidades indígenas y en particular los mapuches fueron víctimas de seguimientos e intimidaciones. En ese sentido, Cardozo destacó que “la APDH alertó mucho antes de la desaparición de Santiago que la escalada represiva contra los mapuches estaba creciendo peligrosamente, lo que pasó con Santiago y después con Rafael Nahuel confirmó nuestros miedos y nuestras alertas por la escalada represiva”.