El juez federal Sebastián Ramos procesó ayer a un ex funcionario del actual gobierno bajo la acusación de haber frenado sanciones contra la firma Farmacity, fundada por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Ramos consideró probado que el ex funcionario Raúl Alejandro Luis Ramos, quien se desempeñaba en el Ministerio de Salud, archivó un pedido de sanción contra la cadena luego de que se lo pidieran desde la empresa. 

Ramos procesó por “abuso de autoridad” y embargó a Ramos, quien se desempeñó como secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud entre febrero y noviembre del año pasado y quien fue denunciado por favorecer a Farmacity al no aplicarle una sanción cuando debía. “En al menos tres expedientes, Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación”, sostuvo el magistrado en un fallo de 28 páginas. La fiscal del caso es Paloma Ochoa. 

Ramos fue denunciado en octubre pasado por María Isabel Reinoso, titular de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), de “haber ordenado sin justa causa la reserva del expediente” contra Farmacity en el que se daba cuenta de la multa contra esa firma, dispuesta en 2014, “por haberse operado un cambio de farmacéutico auxiliar sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional, y emplear un libro recetario sin rúbrica o habilitación”.

Por ese hecho, la Dirección de Sumarios del Departamento de Faltas Sanitarias emitió su informe 70/15, de diciembre de 2015, en el cual señaló que se debían aplicar dos multas por un total de 60.500 pesos contra Farmacity. Pero entonces Cambiemos llegó al Gobierno, Mauricio Macri se hizo cargo de la presidencia y Mario Quintana, fundador de Farmacity y uno de sus propietarios a través del fondo de inversión Pegasus, pasó a integrar el Gabinete. De eso pasaron dos años y medio. Aún Quintana no se ha desprendido de su participación accionaria en Pegasus, ahora prometió que lo haría antes de fin de año. 

El expediente contra la cadena farmacéutica llegó a manos de Ramos en febrero de 2017. “Desde entonces, durante casi dos meses no se produjeron novedades. No se dictó la resolución propiciada ni ninguna otra”, denunció la COFA. En abril, se presentó una apoderada de Farmacity en el expediente, para lo cual aportó un poder firmado por Quintana, en 2011, como presidente de la empresa, y en él se pedía no se sancionara a la firma, a lo cual Ramos accedió archivando la resolución de sanción. 

“La responsabilidad primaria se encontraba en cabeza del funcionario Ramos y con el ello el deber de dictar el acto administrativo en los sumarios que habían tenido trámite en los órganos inferiores que intervinieron”, sostiene el procesamiento del juez que aseguró “tener por acreditado, prima facie, la materialidad del suceso que le fuera imputado y su responsabilidad penal en los mismos, con el grado de probabilidad que para esta etapa del proceso establece”.

Es la segunda vez en una semana que la empresa fundada por Quintana es noticia. El jueves pasado, la Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la firma en su reclamo para instalarse y operar en la provincia de Buenos Aires, insistencia que la justicia había frenado en sus instancias anteriores y que, ahora, quedó en manos del máximo tribunal nacional.