Desde el gobierno provincial y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) cruzaron ayer al diputado provincial de Cambiemos, Federico Angelini, por sus declaraciones sobre el proyecto de ley que el gobierno nacional envió al Congreso para regularizar la situación de los asentamientos irregulares. "Con estas medidas se regularizarán y urbanizarán más de 100 asentamientos en Rosario", dijo el legislador macrista, lo que disparó las críticas. El secretario de Hábitat provincial, Diego Leone, consideró que el análisis del tema es "mucho más complejo que un anuncio de este tipo, lo que discutimos del proyecto de ley del gobierno nacional es con qué recursos y cómo se van a realizar las urbanizaciones". Por su parte, Ignacio Rico, de la Ctep, señaló: "Decir que este proyecto va a urbanizar el conjunto de los barrios populares que están en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabep) es mentir".

Los datos del Renabep surgieron a partir de un relevamiento, realizado en 2016 en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Caritas Argentina, Techo y la Ctep, entre otras organizaciones, y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), organismo que será el encargado de identificar los inmuebles a expropiar y la regularización dominial de las viviendas. En ese marco, el gobierno nacional envió la semana pasada el proyecto de ley al Congreso que comprende una serie de medidas que en su momento fueron propuestas por los movimientos sociales; entre otras, suspender los desalojos por dos años y declarar de utilidad pública sujetas a expropiación todas las tierras donde están localizados los asentamientos irregulares. Angelini fue el encargado de difundirlo en Santa Fe.

"Los habitantes de los barrios censados podrán obtener su título de propiedad para poder declarar su domicilio y solicitar acceso a los servicios básicos", explicó el diputado de Cambiemos sobre los alcances del proyecto, para luego destacar que "estas medidas profundas, como la que se proponen desde Nación, son las que se deben tomar para bregar por una verdadera inclusión social, que brinde condiciones dignas de vida a los ciudadanos y que generen empleos genuinos para combatir la pobreza".

Leone planteó que "con el tema de las expropiaciones, y con las cautelas del caso, estamos de acuerdo, de hecho lo estamos aplicando en Sorrento y Cullen. Lo que nosotros discutimos es con qué recursos y cómo se van a realizar las urbanizaciones. Nadie nos consultó, estamos esperando alguna instancia de trabajo en conjunto, pero creemos que los estados provinciales y municipales son los que tienen que hacer estos proyectos".

El funcionario agregó que tienen mucha experiencia en trabajar estos proyectos, sobre todo en Rosario: "Son muy complejos, el abordaje social lo tiene que dar la gestión de alguien que conozca el territorio, son realidades totalmente diferentes, por eso creemos que hay que ver cuál es el plan real. Sí podemos hablar de lo que nosotros hacemos a partir del Plan Abre, tenemos gran cantidad de ejemplos, Polledo, Sorrento y Cullen, La Palmera, Cordón Ayacucho, proyectos que necesitan tiempo, muchos recursos humanos y económicos". "En este caso, no se cómo Nación pretende articularlos", planteó el titular de Hábitat.

Leone fue más allá al señalar que con el Renobap "están generando una extrema confusión, hay gente que viene a pedirnos la casa, otros piden que les conectemos la luz o el gas, personas que viven en extremo hacinamiento y no pueden tener ese tipo de servicios". Según el funcionario, el paso previo para urbanizar puede ser la expropiación del terreno, pero también considera que el gobierno nacional tiene que trabajar primero sobre los terrenos que están ocupados, que son del Estado nacional y no hay que expropiarlos. "Urbanizar cien asentamientos como se anunció es un proyecto que lleva muchos años y hay que trabajarlo con mucho cuidado", amplió.

Según Rico, "sin asignar presupuesto y sin trazar un plan de obras, decir que el gobierno va a urbanizar las villas, es sencillamente una mentira". El dirigente de la CTEP agregó: "El sueño de los movimientos sociales es urbanizar para dignificar los barrios populares, y por eso celebramos que el gobierno haya escuchado nuestras propuestas y las lleve al Congreso, pero no se puede jugar con las ilusiones de los vecinos, mintiendo o exagerando el alcance de las medidas anunciadas".

Aunque el relevamiento aún no concluyó, la organización social estima que 270 mil santafesinos viven en barrios populares y en Rosario 80 mil. "La situación en déficit de servicios es muy grave, el 94 por ciento no accede a la red formal de agua potable, el 70 por ciento tiene una conexión irregular de luz, y el 90 por ciento utiliza la energía para calefaccionarse. Esta ley, que nosotros trabajamos para confeccionarla, permitiría eventualmente que los vecinos soliciten los servicios básicos para sus viviendas, pero algunos dirigentes de Cambiemos están jugando con las ilusiones de la gente", concluyó Rico.