La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, sostuvo que "la seguridad es responsabilidad de la gobernadora (María Eugenia Vidal)" y calificó de "política obscena" los señalamientos sobre la gestión municipal por el asesinato del chofer de la Línea 620 Leandro Alcaraz. "Queremos cuidar a nuestra gente pero no somos responsables de ésto. No vamos a permitir que con el dolor se haga política", insistió la intendenta e interpeló a Vidal para solicitar que traspase el mando y los recursos de la Policía Local a los municipios y que cumpla con la legislación sobre instalación de cámaras de seguridad votada en diciembre 2016, que ordenaba un plazo de seis meses para completar la colocación en todas las unidades.    

Magario brindó una conferencia de prensa en la sede Municipal este mediodía en la que retomó algunas de los reclamos que realizó ayer tras reunirse con un grupo de compañeros de Alcaraz, que se acercaron a reclamar medidas de seguirdad al municipio. Entre las demandas, Magario indicó que "es muy triste que haya tenido que pasar lo de Leandro para que se acordaran que había cámaras y una ley que había sido votada y sancionada el año pasado". 

Tras el crimen del joven de 26 años, los choferes reclamaron que se coloquen cámaras de seguridad y botones antipánico. Anoche, en una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, anunció que la gobernadora Vidal reglamentaría la ley que dispone la colocación de cámaras de seguridad en todos los vehículos bajo licencia provincial y municipal. La norma fue votada por la Legislatura provincial en diciembre de 2016 y  promulgada por Vidal en febrero de 2017, pero a más de un año la norma no había sido reglamentada, según reconoció la gobernadora en una reunión con el titular de la UTA, Roberto Fernández, que no convocó al paro realizado ayer y fue duramente criticado por los choferes.  

En la conferencia tras el crimen, Ritondo anunció además que se lanzaría una línea de créditos blandos a cargo del Banco Provincia para que las empresas de colectivos hicieron frente al costo de colocar los dispositivos, que podrán geolocalizar los unidades a través de conexión 4G, y precisó que dentro de 90 días debería tener los equipos en marcha los colectivos que realizan recorridos nocturnos y en seis meses completar el total de las unidades. La ley sancionada en 2016, contemplaba el plazo de 180 días para su cumplimiento una vez reglamentada, algo que pasado más de un año no ocurrió. 

"No podían resolver cuántos créditos tenían que darles para colocarlas", reflexionó Magario respecto de la aplicación de la ley y el anuncio de Ritondo y agregó: "Resulta que ayer, rápidamente después de lo de Leandro, pudieron resolver lo de la colocación de las cámaras. Si éstas hubieran estado puestas tal vez hoy Leandro estaría vivo".

El ministro salió a responder a Magario por la tarde y la acusó de no utilizar el presupuesto girado por la provincia para el Fondo de Seguridad para Municipios. "La Matanza tuvo 239 millones de pesos del Fondo de Seguridad para Municipios en 2016. Ellos lo pidieron para una serie de cosas, como un centro de comando, un control de comunicaciones, 200 domos, cámaras fijas y un sistema de alerta al vecino. Pero el Tribunal de Cuentas dice que el dinero no se gastó".

Magario, por su parte, había planteado otra versión respecto de los recursos con los que cuenta su municipio al sostener que se han "hecho infinidad de esfuerzos en materia de seguridad, hacemos inversiones más allá de las que nos corresponden" y, en ese punto, resaltó: "Nos han querido responsabilizar de lo que no funciona en la provincia y que es responsabilidad de la provincia".

"Queremos cuidar a nuestra gente pero no somos responsables de ésto. No vamos a permitir que con el dolor se haga política. El dolor de Leandro y su familia no es para que se haga política obscena", expresó la intendenta. En ese tono, la jefa comunal aseguró que los intendentes están dispuestos "a trabajar" y le exigió a Vidal que "traspase a la Policía Local para que podamos ser parte del cuidado de nuestros vecinos".

La intendenta en la conferencia de este mediodía reconoció que "la inseguridad ha crecido notablemente en los últimos tiempos" al igual que "la droga, que ha fortalecido fundamentalmente nuevos delitos y mucha violencia". En ese sentido, a la par que los choferes, la jefa comunal había resaltado ayer que fue el Gobierno nacional el que redujo de 1.000 a 140 los efectivos de Gendarmería que realizaban tareas de control en el municipio del oeste del Conurbano, entre otros puntos, en el cruce donde el domingo fue asesinado el chofer Alcaraz.