La Corte Suprema de Estados Unidos decidió restringir la deportación obligatoria de inmigrantes condenados por algunos delitos, justo cuando la administración del presidente Donald Trump está buscando aumentarlos.
En un fallo de 5 a 4, el máximo tribunal dijo que la redacción del estatuto que requería la deportación de los extranjeros que cometieron ciertos delitos era ilegalmente vaga, un fallo que podría limitar la capacidad de la administración Trump para apurar la deportación de inmigrantes con antecedentes penales. La persona nombrada por el mandatario en la Corte, el juez conservador Neil Gorsuch, se unió a los cuatro jueces progresistas para ponerse del lado de un ladrón convicto de California, James García Dimaya, un inmigrante legal de Filipinas. El fallo se refiere a una disposición de la ley de inmigración que define un “crimen de violencia”. En el código penal federal de Estados Unidos, un “delito de violencia” incluye delitos en los que la fuerza es utilizada o lleva un “riesgo sustancial” de que se use. Tal convicción haría que alguien pueda ser elegido para una posible deportación y ayuda a apurar el proceso. Tanto las administraciones de Obama y Trump defendieron ese principio, Trump empujando para que más criminales violentos fueran deportados. En 2015, una corte federal en San Francisco anuló la disposición como demasiado vaga, que aumenta el riesgo de aplicación arbitraria o discriminatoria en la violación de la Constitución. El tribunal de apelaciones basó su decisión en un fallo de la Corte Suprema de 2015. Al unirse a los cuatro jueces progres, el juez Gorsuch continuó la jurisprudencia del juez Antonin Scalia, quien también se puso del lado de los progresistas cuando se trató de la vaguedad de las leyes utilizadas para condenar a los acusados.
